Con 49 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este miércoles el proyecto para ensamblar nueve leyes aprobadas por el Congreso al nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2014, cuya implementación está trabada por un decreto que Mauricio Macri firmó a pocos días de asumir como presidente.

El interbloque Cambiemos contó con respaldo de los senadores peronistas de Argentina Federal y los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari, mientras que los rechazos fueron de ocho de los nueve integrantes del Frente para la Victoria-PJ -Cristina Kirchner estuvo ausente-, la rionegrina Magdalena Odarda y el porteño Fernando “Pino” Solanas.

Además, en la votación hubo dos abstenciones, de los puntanos Adolfo Rodríguez Sá y Eugenia Catalfamo. “La sensatez indica que el proyecto debe volver a comisión. Hay interrogantes que no pueden quedar en manos de los jueces, deben estar en la ley. Así no estoy en condiciones de dar mi voto, ni por la negativa ni la afirmativa”, argumentó el exgobernador de San Luis.

Algunas de las leyes que se busca acoplar al Código Procesal Penal son la Ley de Flagrancia, la Ley del Arrepentido, la de Técnicas Especiales de Investigación, la de Responsabilidad Penal Empresaria y la de Ejecución de la Pena, todas ellas sancionadas en los últimos dos años.

“Se trata de normas que introducen cuestiones procesales que no se compadecen con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, hubo que hacer una tarea de ensamble y había que acomodar el texto”, señaló uno de los autores de la iniciativa, Rodolfo Urtubey (Justicialista).

El salteño se vio obligado a volver sobre sus pasos y concedió en el recinto los cambios que reclamaba un grupo de organizaciones civiles, que advertían que se incorporaron al Código reformas que ni siquiera están legisladas ni fueron discutidas.

Las instituciones -entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- advertían entre otras cosas que el proyecto dictaminado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales “ampliaba las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal”.

“Se suprimió todo lo que tenía que ver con la vigilancia electrónica, que había generado una controversia. No era un tema central del Código Procesal, sino accesorio. Y el resto de los cambios fueron muy técnicos, muy procesales, que no ofrecían dificultades, por lo que definimos modificarlos para poder avanzar”, explicó Urtubey a parlamentario.com.