Los representantes legales de José Manuel García Rodríguez, el hacker español detenido hace diez días en Carcarañá por presuntas estafas a la banca on line de su país, elevarán hoy un recurso de hábeas corpus a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que disponga la inmediata libertad de su cliente, cuyo arresto consideran ilegal. La razón que invocan es que un organismo extranjero, la Guardia Civil Española, irrumpió sin permiso en territorio de la provincia de Santa Fe para realizar escuchas telefónicas ilegales al imputado e interceptar su correspondencia, acciones presuntamente irregulares que sirvieron de base para la acusación.

Los abogados adelantaron que tales acciones implican la violación de garantías elementales. Y se proponen por ello denunciar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que decimos es que la Corte debe investigar si España violó la seguridad nacional y la ley de inteligencia mediante escuchas clandestinas y observación de e-mails sin dar intervención a la Side. Hay llamadas que se originan y terminan en territorio argentino que fueron interceptadas y transcriptas por la Guardia Civil”, dijo Jorge Fernández Méndez, abogado del detenido.

El letrado también reclama que la Corte Suprema establezca si Interpol violó el domicilio privado del detenido al obrar sin orden de un juez santafesino.

José Manuel García Rodríguez, de 23 años, fue apresado el 28 de julio pasado en Carcarañá, acusado de integrar una organización dedicada a duplicar páginas web con fines delictivos. La operación implicó un total de 15 personas arrestadas, 14 de ellas en España. A los detenidos les atribuyen haberse apoderado de dinero de cuentas bancarias mediante la obtención fraudulenta de las claves de acceso de sus titulares. Y de distribuirse luego esa plata para comprar material informático y de telefonía móvil, para su venta en el mercado negro.

En una entrevista publicada el viernes por este diario, García Rodríguez negó tajantemente las acusaciones. Sí reconoció ser un hacker, es decir, un especialista en informática que utiliza sus conocimientos para husmear en los sistemas de seguridad de empresas y de entes públicos, aunque no para delinquir.

“No tienen evidencia contra mi cliente. La Guardia Civil Española armó esos cargos como represalia contra este chico porque desde hace años vuelve locos a organismos públicos y bancos españoles mostrando los puntos débiles de sus sistemas de seguridad”, planteó Fernández Méndez.

Lo más llamativo es que el joven está preso en una comisaría argentina por acciones que no transgreden la ley argentina y por lo tanto no son punibles en el país. El delito que se le atribuye, estafa informática, está tipificado en el artículo 248, incisos 2 y 3, del Código Penal español. Pero en su equivalente argentino no existe. Por esa razón, el muchacho está, según su abogado, preso sin motivo.

La extradición

El juez federal Nº 3 de Rosario, Germán Sutter Schneider, mantiene detenido a García Rodríguez a la espera de que por vía de la Cancillería le remitan la solicitud de extradición librada por España. El magistrado debe resolver si concede o no la extradición pero no pronunciarse sobre la conducta del joven ya que, como se dijo, lo que le enrostran no es delito en Argentina.

“Es una barbaridad que esté preso. Mi defendido debería aguardar este trámite en libertad. Porque el juez de Rosario no tiene que valorar si cometió un delito sino resolver si concede la extradición, que es un trámite”, dijo Jorge Fernández Méndez, abogado.

En definitiva: el Gordo España, como lo llaman, está en Rosario preso por algo que no está claro si hizo pero que aquí no es algo ilegal.

Por eso mismo, el caso del hacker generó inquietud en organismos humanitarios que interpretan que su detención implica una privación ilegítima de la libertad y una injustificable arbitrariedad contra sus derechos civiles. El estudio que lo defiende, en forma gratuita, está asociado a American Civil Liberties Union (Aclu). Una prestigiosa entidad humanitaria estadounidense que brinda asesoramiento legal a personas que sufren persecuciones injustas.

Aclu es la entidad que representó a Kevin Mitnick, conocido como el hacker más famoso del mundo, quien estuvo dos veces en prisión, pago multas millonarias y ahora recorre el mundo dando conferencia sobre los puntos vulnerables de los sistemas operativos (ver aparte).

García Rodríguez dijo a este diario que se instaló en Carcarañá harto de la persecución de la que lo hacía objeto la policía española. Se reivindicó como hacker en el sentido de ser curioso y examinar los contenidos de Internet. “No hacemos daño al patrimonio o a la seguridad de nadie. Cuando descubríamos un error sugeríamos formas de subsanarlo. Eso es lo que molesta. No sólo porque uno descubre errores sino porque los comparte con un montón de gente. A la gente le marcan un camino y van como borreguitos por allí. Nosotros tenemos un conocimiento más amplio y no nos gusta que nos digan por donde ir. Si hacemos un estudio y encontramos un fallo lo publicamos”.

El hacker español, que usa el seudónimo Tasmania en la web, está convencido de que su detención fue resultado del señalamiento de un joven rumano de 24 años, A.A.P., que es técnico superior en informática. A.A.P es uno de los 15 detenidos en Europa, entre los que hay además personas de nacionalidad italiana, ecuatoriana y argentina.

Fuente:www.lacapital.com.ar