"El accionar de los estamentos del gobierno provincial coloca al Estado argentino ante una delicada situación, al no dar intervención a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) por la obra realizada", consideraron los ambientalistas de la zona. En la reunión que realizaron estuvo el presidente de la junta de Gobierno, Julio Pintos, y el secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo. El funcionario explicó las actuaciones que obran en el expediente y reconoció ante los vecinos que la determinación final depende, entre otras cuestiones, de la decisión política del gobernador. En un nuevo encuentro realizado a salón lleno en la Escuela Hipólito Vieytes, de Liebig, vecinos del pueblo, Colón, San José y organizaciones ambientales, resolvieron actuar en diversos frentes con el objetivo claro de exigir la demolición del terraplén construido a la vera del río Uruguay, afectando arroyos y vertientes de su cuenca y más de 1.000 hectáreas de valle de inundación del río.
Ausentes con aviso, la reunión se realizó sin la presencia del senador Oscar Arlettaz (PJ-Colón), quien es presidente de la Comisión de Producción del Senado; el ingeniero Conrado González, director de Recursos Naturales e integrante de la Corufa; y representantes de la empresa, quienes comunicaron por escrito su voluntad de tener un encuentro en los próximos días.
En ese orden, se resolvió una nueva reunión para el 4 de junio a las 20, ampliando la convocatoria a los diputados del departamento Colón, intendentes de San José, Pablo Canali, y Colón, Hugo Marsó, concejales e integrantes del Consejo Regulador del Uso de las Fuentes de Agua (Corufa).
Los vecinos y organizaciones presentes, reafirmando que el emprendimiento "no tiene licencia social", resolvieron avanzar en la vía administrativa y judicial ante el fuero federal, en forma paralela y separada, para lo cual se encuentran organizando toda la documentación e información necesaria.
Asimismo, exigirán que los municipios vecinos, en uso de sus facultades (artículo 240, inciso 21, punto G de la Constitución provincial) ejerzan las acciones de protección ambiental más allá de sus jurisdicciones, en virtud de que se están afectando o pueden afectarse los intereses locales, consignó Reporte Cuatro.
Desde el aspecto legal, se remarcó que "la Constitución provincial es clara al establecer que (artículo 85) la provincia declara a los humedales libre de construcción de obras como estas, y que la conducta de la empresa y de los funcionarios ponen en riesgo la responsabilidad de la Nación Argentina respecto del Uruguay, por la violación del Estatuto del Río Uruguay, al permitir por acción u omisión la construcción de una obra que debía pasar por la consulta previa ante la CARU".
