La problemática carcelaria quedó en el centro de un duelo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Santa Fe. El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, recordó ayer a la Justicia que en la provincia unas 2.600 personas están detenidas sin condena. Y señaló que como buena parte de esas personas resultan absueltas, tales detenciones terminan siendo perniciosas. Por tanto, exhortó a los jueces penales a acelerar las causas de las personas privadas de libertad, para corregir un panorama que, según dijo, agrava la situación de derechos humanos en la provincia.

El recado que el gobierno envió a los magistrados es que en el abarrotamiento en las cárceles hay culpas compartidas. La intención fue señalar que el déficit de infraestructura, cuya resolución corresponde al Ejecutivo, es sólo una parte del problema. La otra es que las prisiones y comisarías están llenas porque los jueces demoran en resolver los expedientes.

El gobierno piensa en algo más al pedir a los jueces que trabajen más rápido: cerrar el grifo a demandas civiles de personas que, al ser absueltas, reclamen indemnizaciones por el tiempo de encierro.

El mensaje de ayer fue el último de una polémica que en la última semana cruza a funcionarios políticos y magistrados. La disputa se había recalentado los primeros días de junio, cuando la Cámara de Apelaciones de Santa Fe ordenó a los jueces penales no transferir más presos a los sitios de detención de la ciudad por el deplorable estado de los mismos. Ante ello, el juez santafesino Julio César Costa intimó al Ejecutivo a hacer traslados y no exceder el número de 132 presos en la alcaidía mayor de la Jefatura.

Rosúa replicó entonces con mordacidad sobre “la sensibilidad” de los jueces. Intervino enseguida el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Rafael Gutiérrez, replicando que no estaba dispuesto a contestar ironías. Antes, el Colegio de Magistrados de la zona norte había dicho que los integrantes de la Cámara Penal y el juez Costa no tenían “ninguna sensibilidad especial” sino una “preocupación constante por un estado de cosas que ha llevado a un tratamiento indigno de las personas privadas de su libertad”.

Reproches cruzados

Ante tales reproches el Poder Ejecutivo no escogió el silencio. Rosúa habló ayer al lado del gobernador Jorge Obeid en un ámbito nada casual: el acto de entrega de 2.800.000 pesos para la edificación de dos módulos en la futura alcaidía de la Jefatura de Rosario, que albergará a 100 reclusos, y que serán construidos por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Estaban también el subsecretario de Asuntos Penales, José Luis Benaglia, el director del Servicio Penitenciario (SP), Fernando Rosúa, el rector de la UNR, Ricardo Suárez, y el intendente Miguel Lifschitz.

El ministro preparó con cuidado su mensaje a los jueces. Primero detalló que al concluir el año la provincia tendrá habilitadas 900 nuevas plazas para albergar presos. Añadió que tal cosa implicará, sobre todo en Rosario, mejorar la situación de los penales saturados. De allí recaló en el punto que tenía en foco: el status de los procesos judiciales. Señaló que de la totalidad de presos en unidades del SP, 1.546 tienen condena y 884 están procesados. Y que de los 2.167 detenidos en ámbitos policiales, 290 recibieron sentencia y 1.877 tienen procesos en trámite. Eso implica, según dijo, que más de 2.600 personas recluidas en la provincia esperan la última palabra sobre sus causas.

“Me permito, con respeto a la independencia de poderes, hacer un llamado a la reflexión a los señores jueces de sentencia y de instrucción”, destacó Rosúa. “Apuren los procesos, ya que desde el Poder Ejecutivo hemos cumplido cubriendo la totalidad de los cargos vacantes y llamado a concurso para la totalidad de los cargos, incluso los creados por leyes especiales. De modo que una aceleración de las causas va a contribuir a mejorar la situación de derechos humanos en la provincia de Santa Fe”, remató.

Este pase de facturas se da en un marco de colapso agravado por una secuencia de muertes recientes. Dos internas perecieron quemadas la semana pasada en la alcaidía de mujeres de Rosario. Dos chicos de 16 años corrieron igual suerte en la Dirección de Asuntos Juveniles de Santa Fe el 24 de diciembre último. La tragedia de mayor magnitud ocurrió el 11 de abril con la matanza de 14 internos en la cárcel de Coronda.

En Rosario, según Rosúa, ayer había 1.260 detenidos en comisarías. En Santa Fe hubo traslados desde la alcaidía de la Jefatura tras la orden del juez Costa. Pero a inicios de semana el jefe de la Unidad Regional I, Gabriel Leegstra, le anunció al juez Rubén Saurín que el número de presos volvió a superar el límite fijado por el fallo de Costa. “No tengo capacidad de resolución de este problema, que corresponde al Servicio Penitenciario”, dijo Leegstra.

Fuente: La Capital