La mirada humana y desde el Derecho para no seguir profundizando los niveles de violencia. La protección a las víctimas de delitos, el fortalecimiento del Patronato de Liberados y la atención de los menores en riesgo de transgredir la ley penal están incluidos en la agenda. "A estos jóvenes debemos tratarlos como personas y no como objetos", asevera.

Teresa Pandolfo

En la reunión convocada por el gobernador Hermes Binner, el ministro de Justicia abordó tres líneas de acción en marcha dentro de su cartera que guardan relación con la seguridad, el tema que más preocupa en el Gran Santa Fe.

El doctor Héctor Superti habló del Patronato de Liberados; de la Dirección del Menor y de los Centros de Asistencia Judicial, a punto de ser creados por el gobierno.

El ministro -abogado dedicado al fuero penal y profesor de la cátedra- sostiene que "para nosotros, el Patronato de Liberados es una institución muy valiosa para la reinserción de quienes han estado privados de su libertad o sometidos a proceso, y que necesitan un control y una asistencia por parte del Estado. Porque -asevera- fundamentalmente en aquellos que han estado privados de su libertad, la posibilidad de reincidir es mucho más aguda en los primeros tiempos de la libertad".

Superti señala que allí es cuando debe aparecer la función del Estado con la institución del Patronato, no sólo para controlar las reglas de conducta que fije el tribunal al liberado sino también para asistirlo y ayudarlo a insertarse en la sociedad; a buscar trabajo, a restablecer los vínculos con su familia, entre otras acciones.

"Cuando nosotros nos hicimos cargo, el Patronato estaba desorganizado. Tampoco cumplía prolijamente los fines de control y no hacía nada de asistencia. En este momento, ya lo hemos reorganizado administrativamente y se está cumpliendo bastante bien la parte de control. Se ha agregado la capacitación y se comenzará con los programas de asistencia", dice Superti.

500 en la provincia y 50 en la capital
El ministro explica que para que se entienda la trascendencia de este tramo de lo que podría ser la reacción del sistema penal frente al delito, "en la provincia, en este momento, hay 500 liberados en condiciones de ser controlados y asistidos por el Patronato (es un número muy importante, agrega) y de esos 500, ahora que Santa Fe nos tiene muy preocupados y ocupados con el tema de la seguridad, hemos determinado que hay unos 50 en los lugares críticos. Es decir, un 10 % del total, que tenemos perfectamente localizado y cuando se trabaje en esas zonas le vamos a dar un tratamiento preferencial".

Indica, además, que al Patronato de Liberados se lo está preparando para la reforma procesal penal que se viene. "Porque en el nuevo diseño procesal penal, va a haber muchas alternativas a la prisión que van a necesitar un control y una asistencia por parte de una institución que es el Patronato de Liberados".

-¿Se han previsto instalaciones para el alojamiento de estas personas, aunque sea en forma transitoria? -Nos hemos propuesto tener casas de liberados porque una de las asistencias que le podemos brindar en los primeros momentos de libertad, es un lugar donde alojarse, porque quien sale de la cárcel no tiene ni recursos ni lugar adónde ir. Incluso hemos tomado contacto con el Patronato de la Provincia de Buenos Aires porque tenemos entendido que ellos han desarrollado un buen programa respecto de la Casa del Liberado.
Menores
– Otro tema difícil de abordar es el de los menores.

-Es un tema muy delicado porque nos encontramos ante dos frentes, por decirlo de alguna manera. Uno, que estos chicos, como producto de su lamentable historia, han adquirido un grado de peligrosidad importante que motiva una reacción hasta desmedida por parte de la sociedad. Yo he entrado en algunas páginas de Internet de medios periodísticos que han abierto foros con el pedido literal de que se los maten; así dicho en esos términos tan crudos.

Por otro lado, nosotros pensamos que nuestro país ha evolucionado; ha firmado la Convención de los Derechos del Niño; que ha dictado leyes en función de esas convenciones o normas en las cuales, se lo ve al niño como persona y no como objeto. En segundo lugar, se tiene presente su grado de maduración y la necesidad de que quien está abandonado o ha entrado en conflicto con la ley penal, tiene que estar debidamente controlado pero también asistido por el Estado, a los fines de reaccionar frente a situaciones como el abandono o la presunta transgresión.

Entonces, desde el gobierno se está encarando un trabajo conjunto donde, según el nuevo diseño legal, el Ministerio de Desarrollo Social encara el problema del menor abandonado y desde Justicia, se aborda la situación del menor en conflicto con la ley penal mediante una dirección provincial que le queremos cambiar el nombre y llamarla Dirección de Derecho Penal Juvenil, para no poner tanto el acento en el conflicto sino en la situación de una persona, que sin llegar a los 18 años ya fue captada por el sistema penal.

-¿Qué solución observa para ellos..? Los padres no los quieren…-Éste es el primer punto, pero no son todos los casos iguales. Básicamente, estamos profundizando -digo profundizando porque ya había algo en marcha-, y estamos reformulando tres tipos de programas referidos al Menor vinculado con el Derecho Penal Juvenil: a) Un programa de libertad asistida que permite que el menor esté en libertad bajo la vigilancia del Estado pero en su ámbito natural. Para esto se necesita que el menor lo tenga y es el que mejores resultados da cuando se lo puede implementar. b) Un programa de puertas abiertas, que es cuando los menores no pueden salir sin autorización del establecimiento donde viven, pero éste no tiene medidas de seguridad física que le impidan que salga. Es como un internado y los tenemos en Rosario, Coronda y Rafaela. En todos estamos reformulando planes de tratamiento para estos jóvenes. c) Lugares de encierro, de puertas cerradas, de los cuales no pueden salir porque hay medidas físicas que lo impiden. Ejemplos, el Pabellón de Menores de Las Flores (Santa Fe) o el Irar, en Rosario. Se están rediseñando los lugares para que se adecuen a los programas.
Cómo evitar llegar al delito
-Ministro, lo difícil no es evitar que el menor llegue a la situación de delito, ¿no?

-Hay tres ejes para tener en cuenta: uno es el abandono; otro es la drogadicción y el tercero, la transgresión con la ley penal. A veces se cruzan: el chico abandonado entra en la penosa esfera de la droga de la más variada y de allí a transgredir la ley es un solo paso. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social estamos generando la creación de un centro específico porque cuando se detecta en un menor una adicción o una experimentación que puede caer en adicción, eso amerita un tratamiento específico, interdisciplinario.

En algunos casos, la provincia ha tercerizado la prestación de ese servicio; ha llevado a la persona a establecimientos privados que realizan este tipo de tratamientos pero, ante determinados casos, estos establecimientos privados no quieren aceptarlos, como ocurre con menores que están estigmatizados. Entonces, debemos tener un lugar propio en el que demos una respuesta.

Centros de asistencia judicial
Héctor Superti explica que cuando se diseñó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se dispuso la creación de una secretaría que se llama de Transformación de los Sistemas Judiciales y dentro de ella, una Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial. "Por más que transformemos todos los modelos de enjuiciamiento y presentemos formas alternativas para resolver conflictos, si no hay un puente entre la gente y el servicio, éste resulta absolutamente inoperante.

"Entonces, el primer paso para acceder a la Justicia es contar con una debida asistencia judicial. Esto se ve claramente con las víctimas de los delitos. Esta persona -que ha sufrido más que el resto- tiende a tener reacciones, obvias, humanas. Si nosotros no la canalizamos por la vía del Estado de Derecho, hacemos que se caiga en lo que se llama justicia por mano propia, que además de perjudicar a la víctima, a veces más que el propio delito, pone en marcha un espiral de violencia que también nos lleva al riesgo de perder la paz social.

"La forma de cortar ese espiral de violencia, es que la víctima tenga acceso a un sistema para hacer valer sus derechos dentro del orden jurídico. Nuestro orden jurídico, desde el año 2003 en la última reforma del Código Procesal Penal, establece una serie de derechos que tiene la víctima, pero si ésta no tiene asistencia judicial no son operativos; entonces, es como si no los tuviera", refiere didácticamente Superti.

Al momento de hacer la entrevista, estaba circulando el expediente con el decreto de creación de estos Centros de Atención Judicial, "que son amplios", dice Superti, y dentro de los cuales, una de la reparticiones es la Oficina de Atención a la Víctima. Allí se le dará asistencia judicial -para aquellos que lo requieran- y también extrajudicial porque muchas veces las personas necesitan contención psicológica y hasta ayuda económica.

-¿En qué lugares geográficos funcionarán estos centros?-La idea del decreto, respetando las pautas de regionalización, por lo menos en cada una de las regiones que coinciden con las jurisdicciones judiciales, y que después veremos cómo se ramifica dentro de la repartición. Esto es incipiente, estamos creando el decreto. Lo que sí queremos poner en marcha a la brevedad es el de Santa Fe y dentro de él pondremos énfasis en la Oficina de Atención a la Víctima, que es una de la respuesta que podemos dar para quebrar esos espirales de violencia que uno detecta.