Se trata de una falta grave, ya que el notario es un profesional del derecho con una función pública al que el Estado le delega la facultad de dar fe de contratos y actos que requieren un sello de autenticidad. Lo curioso es que, aunque ya pasaron dos años desde el fallo, el condenado, Eduardo Martín Torres, aún no fue sancionado por el Colegio de Escribanos, cuyo portal lo mantiene entre sus profesionales al servicio de la comunidad. Es más, recién hoy la entidad se reunirá para debatir sobre el tema.

Todo comenzó hace nueve años, cuando Conrado Mansilla (hoy fallecido) recibió la notificación de una demanda iniciada por Torres ante un juzgado civil y comercial en base a un pagaré fechado en mayo del 98, donde supuestamente constaba su firma. El escribano pretendía cobrarle, vía judicial, la suma de 4 mil pesos.

Mansilla radicó entonces otra denuncia judicial donde argumentó que ese documento era falso. La causa se tramitó en el Juzgado Penal Nº 6, que demostró que el documento había sido adulterado a partir de otro original: Torres había corregido una cifra de 40 mil pesos moneda nacional por otra de 4 mil pesos vigentes.

En su presentación, Mansilla esgrimió a la venganza como posible causa de la maniobra. Dijo que había sido empleado en un gimnasio del hermano y la madre de Torres, de donde lo habían despedido sin causa, y que como había iniciado un juicio laboral finalmente debieron indemnizarlo. "Mal pudo pedirle un préstamo en dinero a quien fuera hermano e hijo de sus demandados", argumentó su abogado.

Las pericias caligráficas comprobaron que, aunque la firma del pagaré pertenecía a la víctima, correspondía a otro documento y a un "tiempo escritural distinto".

Estafa. Esa conclusión mostró que el escribano había usado un viejo pagaré y lo había adulterado para intentar cobrarle a Mansilla 4 mil pesos que, borroneados, habían quedado sobreimpresos al otro monto en moneda nacional. Una "tentativa de estafa", posibilitada por la previa falsificación del documento hecha por el propio notario.

El juicio no pasó desapercibido al Colegio de Escribanos de la 2ª Circunscripción, que debió informar al tribunal que Torres se hallaba matriculado desde 1981 y "en pleno ejercicio de la función notarial".

Sin embargo, aun cuando hace ya dos años que la Sala I de la Cámara Penal confirmó el fallo en primera instancia del escribano -lo condenó a seis meses de prisión condicional y también avaló una sentencia civil que obliga a Torres a indemnizar a su víctima- , el Colegio de Escribanos hasta ahora no sancionó a su integrante. Por el contrario, sus datos aparecen en la nómina de profesionales de la página web del Colegio, en un apartado que reza "para la comunidad".

El hijo de la víctima, Carlos Mansilla, recordó ayer que envió sucesivas notas a la entidad donde documentó las condenas de Torres y reclamó su inhabilitación, la primera en noviembre de 2006. "Siempre sin respuesta", afirmó.

El silencio duró incluso después de que la Justicia comunicara formalmente la sentencia. Pero ayer, cuando La Capital llamó para preguntar si no se tomaría ninguna medida, su presidente, José Aguilar, dijo que hoy al mediodía la comisión directiva abordará el tema.

El profesional aclaró que, dictamen de la asesoría letrada del Colegio mediante, la comisión resolverá la sanción a aplicar. "Veremos cómo encuadra este fallo y la gravedad que tiene para decidir qué le cabe: desde un apercibimiento hasta una suspensión".