Una mujer ganó un juicio por un accidente laboral en el que murió su marido, pero los 70 mil pesos que recibirá como indemnización no le alcanzarán para pagar los honorarios de los abogados, que trepan a 204 mil pesos.

El curioso episodio judicial tiene por protagonista a Delia Carmen Ojeda, la esposa de Daniel Retamosa, un operario de 28 años de edad con quien tuvo cinco hijos y quien murió al caer de un edificio en el que funcionaba la ex Anssal (hoy Superintendencia de Servicios de Salud) cuando limpiaba los vidrios.

La mujer demandó a la dependencia estatal para la que trabajaba su esposo, al Estado nacional y a la aseguradora de riesgos de trabajo (ART) a la que estaba afiliado por un monto total de 1.360.000 pesos.

El juez laboral Juan José Hirzy declaró la responsabilidad de la empresa contratante y del Estado, y los condenó a pagar 70 mil pesos, pero rechazó la demanda contra la ART y resolvió que los honorarios de sus abogados deberán ser pagados por la esposa de la víctima.

Esos honorarios que la mujer deberá pagarles ascienden a 204 mil pesos, casi el triple de lo que la mujer percibirá por la muerte de su marido.

Esa cifra, regulada por el propio juez, surge de aplicar el 15 por ciento del monto total de la demanda contra la ART, que no prosperó.

El accidente de Retamosa ocurrió el 18 de febrero de 1998, cuando el hombre cayó del duodécimo piso del edificio propiedad del Estado nacional.

El juez Hirzy entendió que la empresa para la que trabajaba la víctima “no actuó con la debida responsabilidad como para impedir las consecuencias fatales que pudieran suceder” y condenó también al Estado.

“Respecto al Estado nacional, atento su situación procesal y no habiéndose producido prueba alguna, tendré por cierto que el mismo es responsable en forma solidaria”, sentenció el magistrado. Pero en cambio rechazó la demanda contra la ART porque “no se ha negado al pago de las indemnizaciones de ley” e incluso “solicitó los datos para el pertinente pago a la empresa, que fueron recibidos por la misma, y que no se dio cumplimiento a los requerimientos”.

“No cabe responsabilidad a la aseguradora por la vigilancia y control de las condiciones en que se desarrollaban las tareas”, concluyó el magistrado. Así, condenó a la viuda a pagar los honorarios de los abogados de la ART, ya que ésta resultó ganadora del juicio en su contra. La abogada de Ojeda, María Eugenia Peña, ya apeló el fallo, al que consideró “aberrante, arbitrario e incoherente”. (DYN)

Fuente:www.lacapital.com.ar