En un auto de siete páginas remitido hoy al juez argentino –según la agencia internacional AFP-, Garzón le solicita que “tenga por denunciados los hechos a partir de esta fecha, sirviendo de denuncia formal esta resolución con la citada orden de detención”, que él mismo dictó el 7 de julio pasado.
Garzón puso a “disposición” de Canicoba toda la documentación contenida en el sumario que instruye desde 1998 el juez a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El auto del magistrado solicita que “se mantenga la situación personal de privación de libertad de los reclamados hasta que (el juez Canicoba)” adopte una decisión sobre si es posible procesarlos o no. Y precisa que si lo anterior no es posible “en el supuesto de imposibilidad de persecución penal de los hechos en Argentina, reactivará la petición de extradición”.
Garzón envió al gobierno español los pedidos de extradición los días 19 y 20 de agosto pasados. Pero el viernes, el Ejecutivo español se negó a dar curso al trámite de extradición, argumentando que el Congreso argentino declaró el 21 de agosto la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987).
Además, invocó el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica vigente entre ambos países desde 1987, por el cual España considera que los tribunales argentinos son “competentes” para enjuiciar a sus habitantes.
Entre los procesados que reclama Garzón figuran los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, y los marinos Alfredo Astiz, cuya extradición también reclamó Francia, y Jorge “Tigre” Acosta.
Aunque los legisladores argentinos declararon la nulidad de las dos leyes de impunidad citadas, es la Corte Suprema de Justicia la que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las mismas, lo que podría abrir camino para que sean juzgados en Argentina.
En la prensa española, sólo dos diarios se refirieron en editoriales a la decisión del gobierno de José María Aznar de no pedir las extradiciones.
Uno de ellos fue El País, de Madrid. “Flaco servicio le ha prestado el gobierno al sentido de la justicia universal. Si el martes salen en libertad el general Videla o el torturador Astiz, el gobierno de Aznar debería sentirse en buena parte responsable”, afirma el matutino.
Por su parte La Vanguardia, de Barcelona, considera que la negativa del gobierno español “supone un revés para los partidarios de la justicia universal”. Aunque considera que “tras la anulación de las leyes, es de suponer que no quedaba otra alternativa”. Por eso, sostiene que “ahora, sobre los jueces y los gobernantes (argentinos) recae una responsabilidad que difícilmente podrán eludir”.
Fuente: www.clarin.com
