Error involuntario o maniobra, lo cierto es que el senador socialista de Santa Fe, Rubén Giustiniani, fue repuesto ayer en la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, de la que había sido desplazado cinco días después de emitir un dictamen contrario al resistido proyecto oficial de modificación del Consejo de la Magistratura, que obtuvo la media sanción pero cuyo tratamiento en Diputados quedó finalmente postergado para el año próximo (ver aparte).

El desplazamiento de Giustiniani de la comisión y su reemplazo por la senadora del Frente Para la Victoria Cristina Fernández de Kirchner generó una fuerte polémica dentro mismo del oficialismo: la primera dama acusó públicamente al titular de la Cámara, el vicepresidente Daniel Scioli, de hacer trascender a la prensa que ella había urdido la presunta “maniobra” para reemplazar al santafesino de la estratégica comisión en “castigo” por su oposición al proyecto de cambio del Consejo de la Magistratura, del que es autora. Este reto público que puso en evidencia viejas discrepancias dentro del oficialismo ocurrió durante la agitada sesión del jueves pasado, antes de que comenzara la polémica aprobación de la prórroga a la emergencia económica.

El incidente continuó después de la sesión, en una reunión que Scioli mantuvo con el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, a quien algunas versiones señalaron como el verdadero impulsor del “enroque” endilgado a Cristina. Y tras este encuentro, el que tuvo que cargar con la responsabilidad del reemplazo de Giustiniani por la esposa del presidente Néstor Kirchner fue el secretario parlamentario, Juan Estrada, quien remitió el incidente a un “involuntario error” suyo: explicó que había decidido el cambio apelando a una nota de abril de 2004 en la que Giustiniani renunciaba a integrar la comisión y que a los efectos de la nueva conformación del cuerpo por los próximos dos años carecía de validez.

Pero tras la intervención de Cristina en el Senado y la posterior reunión de los implicados las heridas, lejos de sanar, se abrieron. El Ejecutivo se sumó a la embestida contra Scioli. Y fueron los dos Fernández, el jefe de Gabinete Alberto y el ministro del Interior Aníbal, los encargados de disparar munición gruesa contra el vicepresidente acusándolo –igual que la primera dama– de montar una “operación de prensa” para dirimir sus disputas con el “entorno K”.

Así las cosas, ayer todo volvió a su cauce: por el decreto parlamentario 74/05 con la firma del propio Scioli, el Senado dispuso la reincorporación del socialista como vocal de la comisión de 13 miembros y tachó el nombre de Cristina. De esta forma se dejó “sin efecto” el decreto 69/05 de la polémica.

Horas antes de conocerse la rectificación, y en sus primeras declaraciones tras el incidente –se encontraba en reposo por un pico de estrés–, Giustiniani había confiado en que sería repuesto en el cargo “esta misma semana”.

El santafesino evitó hablar de una maniobra de Cristina, como lo habían dejado entrever las notas aparecidas en los matutinos porteños Clarín, La Nación y Ámbito Financiero que dispararon la puesta en escena de la interna oficialista. Pero recordó la cronología de los acontecimientos, que induce a concluir la presencia de una “mano” kirchnerista: dijo que el 10 de diciembre se decidió su incorporación a la comisión de Justicia y que esta vez aceptó la designación. El nombramiento fue el 13 de este mes por decreto parlamentario 60/05. Dos días después, presentó su dictamen contrario al proyecto de Cristina. Y el 20 apareció el decreto 69/05 que lo dejó afuera.

Respecto de las acusaciones por montar una operación de prensa que a raíz de este episodio la senadora Kirchner lanzó contra Scioli, el senador socialista se limitó a señalar que ve “una serie de problemas, confrontaciones anteriores y visiones diferentes en la interna del justicialismo”.

También ratificó la postura de su partido en la Cámara el reiterar que continuará apoyando las iniciativas del oficialismo que considere correctas y rechazando las que juzgue inconvenientes. Respecto al proyecto de la discordia, el santafesino insistió en su oposición a la reforma del Consejo de la Magistratura porque –dijo– “el oficialismo pasa de tener cinco miembros sobre veinte a tener cinco sobre trece y eso es claramente tener una llave para bloquear las decisiones de mayoría de dos tercios que se necesitan para mantener o renovar jueces” de la Nación.

A febrero por falta de número y por resistencia interna

Marcha atrás por falta de número, resistencias internas y necesidad de calmar las aguas. El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió ayer bajar su pedido de la sesión especial de mañana para tratar la reforma al Consejo de la Magistratura porque no consiguió garantizar la mayoría especial para debatir el proyecto sin dictamen de comisión. “Se pidió el levantamiento de la sesión, el proyecto va a ingresar este miércoles a la comisión de Asuntos Constitucionales y será tratado en febrero”, confirmaron fuentes cercanas a la conducción del bloque PJ-Frente para la Victoria.

La decisión incluyó una consulta a la Casa de Gobierno –con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández– y una reunión de la mesa chica del bloque oficialista, que lidera el santafesino Agustín Rossi y que integran Carlos Cuto Moreno, Carlos Caserio y Patricia Fadel. Según el reglamento legislativo, para tratar en el recinto un proyecto que no tiene dictamen de comisión es necesario obtener los dos tercios de los diputados presentes en la sesión, un número que el oficialismo no podía garantizar. Entonces se resolvió cambiar la estrategia parlamentaria. El oficialismo no quería exhibir una derrota tras el escándalo en el Senado por el subsanado desplazamiento de comisión del socialista Rubén Giustiniani. Pero, además, luego de que la reducción del Consejo de la Magistratura fuera aprobada la semana pasada en la Cámara alta, no había podido ser tratada en Diputados por las resistencias que enfrenta dentro del propio bloque PJ-Frente para la Victoria. Esa situación, sumada a la resquebrajada relación con la oposición tras la maratón en la que se aprobó –con acusaciones de irregularidades– el paquete de leyes económicas enviado por el Ejecutivo, inclinó la balanza hacia una alternativa que habilite el necesario compás de espera para restañar las heridas.

Fuente:www.elciudadano.net