Consenso. Es la palabra que retumba en los pasillos del Ministerio de Trabajo para enfrentar el problema planteado por el fallo de la Corte que habilitó los juicios civiles a las empresas en casos de accidentes de trabajo.

Los empresarios le pedirán hoy al titular de Trabajo, Carlos Tomada, una solución urgente a un problema que puede volver a la vida a la industria del juicio, llevar a la quiebra a muchas empresas e impactar negativamente en la tasa de desempleo.

Tomada decidió buscar consenso con una amplia convocatoria a todos los sectores involucrados.

Hoy dará el primer paso para abrir el diálogo cuando sea recibido, a la hora del almuerzo, a las entidades empresarias que conforman el Grupo de los 7. Se trata de la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la CRA, ADEBA y la Bolsa, cuyos representantes expresarán al ministro su rechazo a la iniciativa oficial de elevar los topes indemnizatorios para evitar las acciones civiles. La iniciativa surgió de la cartera de Trabajo y cuenta con cierto aval entre los legisladores.

El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Carlos Brown, se reunió ayer con el titular de la UIA, Alberto Alvarez Gaiani, para discutir la medida.

“Si la ley de riesgos del trabajo estableciera montos superiores, desaparecería el riesgo de una acción civil porque se cumpliría con el principio de reparación integral al que alude el fallo de la Corte”, aseguró Brown a Infobae.

Cuestión de costos

En contrapartida, el legislador admitió que una modificación a los topes de resarcimiento provocaría un aumento de las alícuotas que cobran las aseguradoras de riesgos de trabajo, con el consecuente impacto en el aumento de los costos laborales.

Este es el principal argumento de los empresarios para rechazar cualquier modificación a la ley de ART. Desde la perspectiva del sector privado -cuya resistencia a elevar los topes encuentra eco en el ministro de Economía, Roberto Lavagna-, la modificación de los montos indemnizatorios no garantiza la inhabilitación de la vía civil para obtener un resarcimiento aun mayor.

Alvarez Gaiani encargó a sus asesores laboralistas que estudien un mecanismo para proponerle al Gobierno que no reabra la discusión sobre la ley de riesgos de trabajo pero que repare las consecuencias del fallo que declaró inconstitucional el artículo 39.

En Trabajo, admiten que la negociación será difícil.

Los contactos que mantuvieron con dirigentes del sindicato de la construcción indican que habrá dificultades en llegar a un acuerdo con los empresarios del sector. La ronda de Tomada continuaría con los diputados de la comisión que lidera Brown, ya que estarían descartados viejos proyectos presentados por los legisladores Saúl Ubaldini y Margarita Stolbizer.

Fuente:www.infobae.com.ar