En el Consejo de la Magistratura hay cerca de 300 jueces denunciados, sobre un total de 860 juzgados nacionales, aunque cerca de 60 están vacantes.
Algunos de los magistrados están acusados de fallas administrativas, como perder expedientes, demorar las causas o no concurrir al juzgado con la frecuencia que deberían hacerlo.
Desde que se puso en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, en 1999, sólo diez jueces fueron destituidos o renunciaron para evitar que se los expulsara, y 13 fueron sancionados con apercibimientos o pequeñas multas por errores administrativos.
Claudio Kiper, representante de los jueces en el Consejo, afirmó que “la mayoría de las denuncias no tienen fundamento”.
“Hay un abuso que impide que nos ocupemos de los temas importantes. Muchos denuncian sólo porque no están de acuerdo con lo que fallaron los jueces”, recalcó.
En el Consejo hay dos comisiones que investigan a los jueces: la Comisión de Acusación, que se ocupa de los casos más graves y tiene en análisis 135 denuncias, y la Comisión de Disciplina, que se encarga de las irregularidades más pequeñas y tiene en carpeta otros 165 casos.
La presidenta de la Comisión de Acusación, la consejera del PJ María Lelia Chaya, explicó a un matutino porteño que la mayor cantidad de denuncias que reciben son por mal desempeño o por cohecho.
De los jueces que ya fueron destituidos u obligados a renunciar, la mayoría pertenecía al fuero federal de Capital (Carlos Liporaci, renunció), Santa Fe (Víctor Brusa, fue destituido) y Mendoza (Luis Leiva, destituido).
Jueces en la mira
El juez federal porteño Claudio Bonadío fue denunciado penalmente por la Cámara Federal por la detención de los ex jefes “Montoneros” Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía.
Juan José Mahdjoubián, juez penal de la Capital, fue procesado hace dos semanas por un supuesto pedido de coimas para favorecer a un abogado, en presunto acuerdo con su secretario y dos policías.
El camarista federal de salteño Ricardo Lona conocerá esta semana su sentencia. Está acusado de no haber denunciado ni investigado la masacre de Las Lomitas, en Salta, durante la última dictadura. Quiso irse de la Justicia, pero el presidente Néstor Kirchner no le aceptó la renuncia.
El juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, fue acusado de mal desempeño en sus funciones y de “falta de idoneidad técnica y moral” por la detención de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en diciembre de 2002.
El juez federal de la Capital Juan José Galeano fue denunciado por supuestas irregularidades en la investigación del atentado contra la sede de la AMIA. La Cámara Federal lo apartó de la causa.
El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia fue denunciado por un Tribunal Oral por irregularidades en la causa conocida como “Aduana paralela”. El magistrado procesó y encarceló al ex administrador de la Aduana, Gustavo Parino, quien luego fue absuelto por la Cámara.
Fuente: www.infobae.com.ar
