Los legisladores lo esperan con una decisión casi tomada: suspenderlo preventivamente en su cargo.

La declaración del juez consistirá en una ampliación de la defensa que la semana pasada presentó por escrito. Uno de sus abogados, Gregorio Badeni, dijo ayer a Clarín que si Moliné es suspendido, de inmediato presentará un recurso extraordinario ante la propia Corte Suprema y —eventualmente— le pedirá intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El juicio contra Moliné es el segundo proceso iniciado durante el gobierno de Néstor Kirchner contra jueces de la Corte. El primero fue contra Julio Nazareno, quien renunció a su cargo —el 27 de junio— antes que el proceso llegara al Senado.

Ayer a la mañana, al salir de su casa, el juez adelantó ante varios periodistas algunas de las palabras que pronunciará esta tarde ante el pleno de la Cámara alta. “Una suspensión de este tipo sería completamente inconstitucional. Todos los doctrinarios que trataron el tema, la descartan”, aseguró.

Sin embargo, la determinación de suspender a Moliné —solicitada por Diputados, que en este proceso actúa como fiscal— parece resuelta. En una reunión del bloque del PJ, ayer, la mayoría de los senadores adelantó su voto contra el ministro; al menos cuatro (Eduardo Menem, Ada Maza, Sonia Escudero y Angel Pardo) votarían por no suspenderlo.

El descargo por escrito de Moliné fue de 360 carillas. En esas páginas, se definió como una persona “honorable” e insistió en que se lo estaba juzgando exclusivamente por el contenido de sus fallos; también negó que hubiera pertenecido a la “mayoría automática” que apoyó al ex presidente Carlos Menem.

Además de rechazar su suspensión, Moliné va a pedir hoy que se incorpore más prueba a su juicio político. Pretende que declaren como testigos varias personalidades: desde el presidente Néstor Kirchner hasta el jurista Eugenio Zaffaroni, próximo a ocupar el cargo que la Corte tiene vacante. Se descuenta que el Senado tampoco va a hacer lugar a estos testimonios.

En concreto, las imputaciones contra Moliné son diez, derivadas de tres expedientes distintos:

– El primero es la “causa Meller SA”. Esta empresa de comunicaciones había firmado un contrato con la ex ENTel para la publicación de guías telefónicas; por diversos incumplimientos, terminó recibiendo indemnizaciones supuestamente “desproporcionadas”, que la Corte avaló. Según la acusación, Moliné incurrió aquí en la “legitimación de un proceso administrativo fraudulento”, la “negación al Estado de la vía judicial de revisión, lo que le provocó grave perjuicio” y el “haber abdicado arbitrariamente de la responsabilidad de efectuar control de constitucionalidad”.

– La causa Macri se refiere al procesamiento del titular de Sevel, Francisco Macri, por contrabando de autos y evasión fiscal. La Corte habría cerrado “sin fundamentos” este trámite. Y así Moliné habría incurrido en “obstrucción del debido proceso legal respecto de la investigación por presunto contrabando” y “causar grave perjuicio al Estado”.

– El último caso lleva el nombre de un camarista penal: Héctor Mario Magariños. En su calidad de docente de la UBA, este juez redactó un dictamen sobre un fallo de la Corte: lo sancionaron con una rebaja del sueldo. Por esta conducta, a Moliné le imputan “invadir la esfera de competencia del Consejo de la Magistratura”, “afectar la libre expresión”, “cercenar el derecho a la opinión científica” y “violar la independencia del Poder Judicial”.

Los senadores fijarían hoy la fecha para los alegatos, último paso antes del veredicto. Para que el juez de la Corte sea removido del cargo, se requieren los votos de dos tercios de los senadores presentes. Si eso sucede, la de Moliné O’Connor sería la primera destitución desde 1947.

Fuente:www.clarin.com