Es de salud. Más específicamente, dice la jueza, de deterioro general de la salud psíquica. El ejemplo que ofrece es dramático. Hace menos de 60 días que asumió como magistrada y desde entonces, según afirma, de la totalidad de chicos con legajos abiertos por delitos en el tribunal a su cargo, los que tienen problemas por adicción o consumo de drogas representan el cien por ciento.
En el turno de enero que termina hoy en este juzgado ingresaron 500 chicos acusados por delitos. Lo que plantea la jueza Musa es que los 500 tienen problemas con drogas. De esos 500, calcula Musa, 300 chicos entraron por primera vez al sistema judicial. Y el tribunal no dispone de ninguna instancia pública para tratar adicciones: ni para los que estrenan una ficha prontuarial ni para los que arriban como reincidentes. "Hoy ponemos a los chicos presos porque no tenemos centros para atender sus problemas con drogas", dice la jueza.

Un serio aprieto. La circunstancia desnuda una profunda crisis. La provincia de Santa Fe no dispone de lugares para que esos 300 chicos nuevos que entran al sistema penal reciban tratamiento adecuado que abarca desde seguimiento y control hasta internación en casos de adicciones profundas. Muchos de esos jóvenes, dice la jueza, recurrirán al delito para comprar drogas. Y la legislación señala que los adolescentes sólo pueden estar bajo encierro como último recurso por lo cual hay un impedimento concreto para dejarlos presos.
¿Qué significa esto? Que los chicos con problemas de drogas, que son todos los que inscribió tribunales por causas delictivas en Rosario en lo que va de 2008, tienen negado un tratamiento elemental de salud sin el cual, se da por sentado, seguirán delinquiendo. Por esa razón la jueza Musa requiere que la provincia atienda el imperativo de crear instituciones públicas para consumidores y adictos.
Este planteo se lo elevó de modo informal el viernes pasado a la secretaria de Promoción Para la Ciudadanía, Patricia Giuricich."Encontramos una recepción muy estimulante al problema. Se trata de que podamos trabajar juntos para resolver una crisis muy grave", dijo la jueza a La Capital.
El agujero. En la actualidad hay dos entidades privadas que tienen convenio con la provincia para tratar adicciones: los institutos Nazareth y Esperanza de Vida. Pero ambas entidades, además de disponer de una capacidad de atención muy restringida para el aluvión de chicos que la precisan, solamente aceptan adolescentes según determinados perfiles y la voluntad del paciente a recibir tratamiento. No hay hospitales ni centros de salud que atiendan esta demanda.
¿Qué tipo de escenario deja en pie esta carencia? La jueza lo grafica con elocuencia. 
"El cien por ciento de los chicos con problemas de drogas minimizan la marihuana. Admiten que consumen «merca». ¿A qué le llaman «merca»? A la cocaína y a las mezclas de fármacos. Toman Rivotril con bebidas energizantes o mezclan Rivotril con Bronquisedan en cápsulas. Cuentan que estas pastillas las pagan un peso por unidad en quioscos o a proveedores particulares. En este estado de euforia delinquen y se olvidan de lo que les pasa. Y a veces delinquen para comprar más droga". 
"El cien por ciento de los chicos acusados por delinquir en los casi 60 días que llevo de jueza son, todos ellos, consumidores o adictos a drogas". 
"Para la mayoría de los 300 chicos nuevos que en el mes de enero demandaron intervención el delito es un síntoma: hacen oír su problema de salud con un acto violento. Por eso llegan acá. Para atenderlos hay que conseguirles una beca en un instituto privado. La mayoría queda sin atención porque no hay donde derivarlos". 
"Estos 300 chicos nuevos están fuera del sistema de salud. Sólo el 0,5%, en un cálculo generoso, tiene obra social. Mientras el juzgado espera conseguir tratamiento los chicos que no tienen contención están detenidos. Pero la ley nos exige que evitemos la detención. Esto nos coloca en una enorme tensión: la pauta legal internacional dice que tienen que estar afuera pero el problema que los trajo al tribunal, la droga, no está ni en miras de ser abordado". 
"A veces tenemos que esperar tres meses para conseguir una plaza en un instituto privado. Para alguien que precisa respuesta inmediata es una eternidad. Entre tanto, estando detenido, el chico puede tener una crisis de abstinencia o gravísimos problemas psíquicos, sobre los cuales el Estado tendrá responsabilidad. Y mandarlo a la calle sin vías de atención lo coloca en la chance segura de reincidencia". 
"El consumo de drogas es un problema masivo pero sólo es visible en los sectores marginales. Los chicos que van a colegios privados no tienen necesidad de producir un acto violento para conseguir atención. El que se va de mambo pero goza de recursos tendrá acceso a una clínica con tratamiento de desintoxicación con terapeutas médicos y psiquiatras a disposición. El que no tiene esa posibilidad va al Irar". 
"Se da la cruel paradoja de que al chico sin recursos con problemas de drogas le conviene delinquir. Es la única forma de tener una chance de que el sistema legal lo registre y lo asista. Nadie ve que en un sillón en la plaza Libertad a la vista de todos vive en estado de abandono un grupo de personas con una criatura. Si la madre, que es una chica, roba una cartera, tendrá una chance de asistencia social. De otro modo es posible que siga allí sin ayuda".

Entrar y salir. La jueza repara en las distorsiones sobre visiones de menores en conflicto. "Si un chico acusado de delinquir, que no es lo mismo que declarado responsable por eso, no está en un instituto de menores no significa que no esté controlado por el juzgado. El juzgado no le abre las puertas a la calle insensatamente. La prioridad es que el chico esté bajo resguardo de los padres, si estos están en condiciones de contenerlo, porque así lo señala la ley. Pero un equipo de diagnóstico y orientación de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley aconseja y el juzgado con sus áreas de especialistas definen qué hacer en cada caso. No se libera a un chico irracionalmente".

Sancionar, sí. El régimen penal de la minoridad esta fijado por una ley nacional de la dictadura. La jueza Musa sostiene que es imprescindible que se sancione una ley nueva y superadora "para que se defina un marco de responsabilidades penal y de sanciones a menores. Si se prueba que un chico delinquió ese chico necesita sanción. Lo que pasa es que la sanción no debe ser, como actualmente, encierro permanente o nada. Hay un abanico de alternativas en el medio de esas opciones rígidas de las que hoy no disponemos".