La Cámara alta podría tratar este miércoles una modificación a la ley de defensa del consumidor (ley 24.240) que intentará beneficiar a los usuarios y consumidores de bienes y servicios.

El proyecto, que fue aprobado en agosto de 2006 en Diputados ya despertó el recelo de las cámaras empresarias de los más diversos rubros: industriales, tarjetas de crédito, y de televisión por cable, entre otros.

Tampoco están exentos las empresas de servicios públicos privatizadas ni los bancos.

En caso de convertirse en ley la sobreventa de pasajes aéreos estará prohibida, aumentarán las multas para empresas incumplidoras hasta $5 millones y los consumidores tendrán derecho a una indemnización por vía administrativa de hasta $3000.

Además, la iniciativa también establece que los bancos deberán explicar en forma "detallada, cierta y objetiva" todos los cargos por mantenimiento de cuentas, créditos y demás servicios.

Entre las modificaciones los consumidores podrán rescindir los contratos de servicio de la misma forma que los tomaron, es decir, telefónica o electrónicamente.

Además, las empresas de servicios públicos deberán entregar al usuario "constancia escrita de las condiciones de prestación, de los derechos y obligaciones".

Según informó la agencia parlamentaria Foia, luego de que miércoles 12 el tema no fuera considerado en la sesión pese a tener preferencia, varios senadores plantearon la firme intención de darle sanción al expediente antes de terminado el año.

Por tal motivo, el texto del dictamen formulado sería llevado al recinto y allí se le introducirían las modificaciones que eventualmente, podrían proponer los senadores.

Según informaron varias fuentes de la Cámara, la senadora Escudero tendría algunas reservas en ciertos artículos respecto a las competencias jurisdiccionales. También Nicolás Fernández haría un planteo para eliminar el establecimiento de la gratuidad de los procesos colectivos.