”La situación del fuero es absolutamente grave”, dijo a Clarín la presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, María del Carmen del Falbo (PJ-Buenos Aires), en un diagnóstico que coincide con el de las autoridades de la Justicia Comercial y el de la mayor parte de los abogados que todos los días hacen largas colas en las mesas de entradas.
En esta rama de los Tribunales, el ingreso de causas nuevas se ha incrementado en un 700% en los últimos diez años. Desde 1998 a esta parte, la Justicia Comercial está recibiendo cantidades superiores a los 150.000 expedientes anuales, cuando hasta 1993 los números jamás superaban los 50.000. En el medio de esta situación, el fuero mantiene su estructura de 26 juzgados de primera instancia y una Cámara con 5 salas desde 1973.
Desde la Comisión de Justicia que preside Falbo se impulsa un proyecto para traspasar 7 juzgados laborales al ámbito comercial. El fuero laboral, que tiene 80 juzgados de primera instancia, ha recorrido en los últimos años un camino inverso al del Comercial: su trabajo decrece. De acuerdo a los números que manejan en la Cámara de Diputados, la Cámara Laboral abrió 41.021 expedientes nuevos en 1993 y en el 2000, sólo 20.569.
”Esta iniciativa está pensada como un paliativo. La Justicia no debe ser estática y si hay capacidad ociosa hay que usarla en el sector donde hace falta”, justificó Falbo.
Como la casi totalidad del presupuesto del Poder Judicial se destina al pago de sueldos, la situación se traduce también en una ineficiente distribución de los recursos de acuerdo a la cantidad de causas que atiende cada fuero. Un trabajo de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, sobre datos de 2001 (última fecha de publicación de estadísticas por parte de la Corte Suprema), arrojó que cada causa resuelta le cuesta al Estado 243 pesos en el área Comercial y 1.886 pesos en el Laboral.
De todas maneras, ese proyecto para pasar juzgados laborales al ámbito comercial recibió un dictamen desfavorable en la Comisión de Legislación Laboral, que preside el gremialista Saúl Ubaldini. Este se opone a que se reduzca el número de juzgados del área, a pesar de que cada vez son menos los trabajadores que van a Tribunales a demandar empleadores, en parte porque el crecimiento de la desocupación favorece que se acepte la precarización de las condiciones laborales.
Desde la comisión de Ubaldini se impulsa otro proyecto que refleja un reclamo muy habitual de los abogados porteños. Consiste en que se derogue la norma que prevé que los concursos y las quiebras —que tramitan ante los jueces comerciales— absorban todos los juicios laborales que se tramitan contra las empresas en cuestión. Este mecanismo, impuesto cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía, provoca una enorme complejización de los concursos y quiebras, que se llevan decenas y a veces cientos de juicios laborales.
También en el Ministerio de Justicia están trabajando algunas ideas, orientadas a descargar a los jueces comerciales de los juicios ejecutivos (en los que una parte busca cobrar una deuda), que son el 70% de su volumen de trabajo.
Fuente: www.clarin.com
