El Tribunal Oral Federal de Santa Fe inició ayer un juicio oral y público por transporte de estupefaciente que tiene en el banquillo de los acusados a tres de los cuatro detenidos el 6 de junio de 2010 cerca de una pista de aterrizaje clandestina de la zona rural del departamento San Cristóbal en la cual se incautaron 278 kilos de marihuana que habían sido cargados en una camioneta.
Los imputados son Raimundo López Barro, José María Angini y Alberto Celestino Hoyos, empleado del establecimiento rural donde fue hallada la droga, entre los pueblos de Capivara y Constanza, en una zona prácticamente deshabitada y de muy difícil acceso. Un cuarto imputado, el paraguayo Miguel Angel Figueredo Taboada se encuentra prófugo y con pedido de captura nacional e internacional, aunque hay versiones de que habría muerto.
La causa la instruyó el juez Federal de Reconquista Aldo Mario Alurralde, quien procesó al grupo por transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada. Tras la investigación, el fiscal de Reconquista Roberto Salum solicitó la elevación a juicio en 2012.
El juicio comenzó ayer ante el Tribunal integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría con la presencia del fiscal Martín Suárez Faisal. La defensa de los detenidos la ejercen los abogados particulares Martín Risso Patrón (por López Barro y Angini) y Héctor Curi Huespe (por Hoyos). Ambos plantearon ayer sus reservas en cuanto a la legalidad del procedimiento policial dirigido por el entonces jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Hugo Tognoli.
De hecho, Risso Patrón dijo en un cuarto intermedio que había ingresado "ocho nulidades ante la ilegalidad del procedimiento". Y entre las más flagrantes enumeró que "han cambiado la pista de aterrizaje de lugar", "la policía agregó al expediente dos fotos de aviones diferentes" y durante la indagatoria "nunca se les hizo conocer los hechos ni les mostraron la droga secuestrada a los imputados". Además, "los allanamientos se hicieron sin orden judicial bajo el supuesto de flagrancia, cuando en realidad venían de 6 meses de seguimiento".
En tal sentido, Curi Huespe sostuvo que "lo ponen como partícipe a mi defendido que es un empleado rural sin antecedentes y no se sabe bien dónde bajó el avión. En el lugar donde fuimos era imposible porque estaba todo arbolado", completó.