Por Pablo Feldman
El martes pasado Rosario/12 publicó el contenido de la nota que el juez federal Omar Digerónimo había elevado el día anterior al Consejo de la Magistratura con copia a sus superiores jerárquicos ‑‑la Cámara Federal‑‑, reiterando un reclamo hecho el año pasado en el que describía que “estas causas ‑‑en las que se investiga el terrorismo de Estado‑‑ requieren un considerable trabajo que no puede ser razonablemente ejecutado con la reducida dotación de personal”. El juez federal Nº 4, que esta subrogando además el juzgado Nº 3 desde hace más de dos años, dejó en claro en su misiva que “ante la gravedad de la situación me veo en la necesidad de insistir en un pedido que lleva ya seis meses y del cual no se ha obtenido respuesta alguna de las autoridades competentes”. La “respuesta” a Digerónimo llegó anteayer y podría equipararse con el cuento del paciente que despierta de la anestesia y le dicen “tengo una mala noticia y una buena: la mala es que te cortaron las piernas, la buena es que el de la cama de al lado te quiere comprar los mocasines”. La Cámara Federal, con las firmas de Carlos Carrillo, Liliana Arribillaga, Egardo Bello y Hugo del Pozo, le contestó a las 48 horas, esa es la buena. La mala es que no se dispondrá ni de una sola computadora, impresora, y mucho menos empleados para darle impulso a las causas por violaciones a los derechos humanos que estan demoradas en la justicia federal de Rosario.
“…se entiende oportuno elevar este nuevo pedido, con la salvedad de que la Cámara no comparte su estilo ni algunas de las expresiones que contiene”, lo sermonean a Digerónimo, al que le recuerdan además que “puede administrar del modo que entienda más adecuado los recursos humanos y materiales con que cuentan ambos organismos ‑‑juzgados Nº 3 y 4 a cargo del mismo magistrado‑‑” y le sugieren “convocar a su personal fuera del horario mínimo de trabajo, requerir los servicios de funcionarios sujetos a dedicación exclusiva, revocar licencias, u oponerse a autorizaciones para docencia y otras actividades en la medida en que su desempeño afecte el servicio”.
En otro párrafo, los camaristas le recuerdan al juez que en su momento ‑‑el primer pedido‑‑ acompañaron sus demandas y que además “la provisión de recursos supera la facultades reglamentarias de este tribunal”. Si bien ambas afirmaciones son verificables, no alcanzan para despejar la sensación de que las causas en las que se investigan las violaciones a los derechos humanos en la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército no tienen para los camaristas la misma relevancia que otras causas en las que sí hubo personal contratado especialmente, como la Masacre de Ramallo o la muerte de Carlos Menem Jr. Ambas se tramitan en el juzgado federal de San Nicolás, que depende de la misma Cámara Federal. Otro elemento de contraste lo aporta el caso del juzgado federal de Córdoba, a cargo de la doctora Cristina Garzón, que desde los días del inicio de las causas por la Verdad Historica, cuenta con personal adicional aun cuando no haya todavía una causa penal abierta.
La semana que se inicia puede ofrecer novedades en torno a las causas que se investigan en la justicia federal relacionadas con el Segundo Cuerpo de Ejército. Los reclamos de los organismo de Derechos Humanos comenzarán a ser satisfechos después de un inicio de la causa que hacia fines del año pasado hacía prever mayor celeridad. Sin embargo, los tiempos procesales ‑‑dispuestos por el magistrado‑‑ y limitaciones objetivas le hicieron perder impulso. No obstante que no se hayan mejorado las condiciones de trabajo, el juez Digerónimo ‑‑en declaraciones a radios locales‑‑ confirmó que se ha ingresado en una etapa en la que comenzará el desfile de represores. Si bien el magistrado no lo dijo en esos términos, tras el “desfile” podrían llegar las primeras detenciones.
De todos modos, ni esa situación modificaría los problemas estrucuturales que debe sobrellevar el juzgado. Resulta cuanto menos contradictorio que en tiempos de efervescencia de los sectores medios, en el Poder Judicial ‑‑constituido mayoritariamente por ese sector social‑‑ no se tome nota de los reclamos, ya que el pedido reiterado del juez no es más que el nombramineto de tres personas ‑‑un prosecretario, un auxiliar y un ordenanza‑‑ y la provisión de un par de máquinas que deben costar bastante menos que lo que los camaristas deberían pagar de Impuesto a las Ganancias.
Para concentrarlo aun más, hay que decir que Digerónimo pide que se equipare la dotacion del juzgado Nº 3 a la del Nº 4, que también está a su cargo, y no lo que tienen sus colegas porteños que en los tribunales de Comodoro Py cuentan con el doble de personal que los juzgados federales del interior del país.
La nota que la Cámara Federal elevó el 22 de abril a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura, es la saga de una fechada el 23 de octubre de 2003, es decir seis meses antes. Formalmente apoya los pedidos del juez, sin embargo en los pasillos del federal se insiste en remarcar que para los jueces de alzada las causas del Segundo Cuerpo no revisten ninguna consideracion especial. Jurídicamente puede ser así, sin embargo el mensaje que llegó al Consejo de la Magistratura se parece más a una toma de distancia que a un acompañamiento. En cualquier caso la respuesta final no está en sus manos, lo cual –en el fondo– no deja de ser una buena noticia para aquellos que no se conforten vendiendo los mocasines.
Fuente:www.rosario12.com.ar
