La Cámara Federal suspendió este martes los trámites para la elevación a juicio de la causa por irregularidades en la pesquisa del atentado a la AMIA, donde están procesados el ex titular de la SIDE menemista, Hugo Anzorreguy y el destituido juez Juan José Galeano, entre otros.

La decisión se tomó hasta tanto la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva un recurso donde debe decidirse si los delitos por los que se acusa a Galeano son "cosa juzgada", porque el ex juez ya fue sometido a una causa penal y sobreseído en 1997.

Los camaristas entendieron que, mientras tanto, el juez federal Ariel Lijo podrá continuar "completando la instrucción del asunto en todos los niveles de responsabilidad", según la resolución a la que accedió Télam.

El tribunal de apelaciones se refirió así a la parte de la pesquisa que aún está en etapa de investigación y que abarca la eventual responsabilidad penal del ex presidente Carlos Menem y del ex ministro de Interior Carlos Corach en las irregularidades denunciadas.

Esto tiene como objetivo "evitar un dispendio jurisdiccional innecesario y la consecuente afectación del principio de economía procesal", aclararon en el texto.

Sin embargo, Lijo fue recusado por la agrupación "Familiares de Víctimas del Atentado", que pidió que se aparte del caso, por lo cual no podrá continuar la pesquisa hasta que se resuelva este planteo.

"Resulta prudente suspender las vistas ordenadas por el magistrado instructor", expresaron los jueces Carlos González, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, quienes integran la Cámara del Crimen pero intervienen en AMIA ante la excusación de los miembros de la Cámara Federal.

El tribunal de apelaciones hizo lugar a un recurso presentado por el abogado de Familiares de Victimas del Atentado, Pablo Lanusse.

El argumento principal fue la situación de Galeano, quien tiene en trámite en Casación un recurso extraordinario.

"Si bien se confirmó el procesamiento de Juan José Galeano por el delito de peculado, no debe perderse de vista que la decisión fue consecuencia de la nulidad del sobreseimiento en otra causa de 1997 al haber considerado la Sala, por mayoría, que la cosa juzgada era fraudulenta", recordaron los camaristas.

Se trata de una causa judicial abierta tras hacerse públicas filmaciones secretas donde el entonces juez del caso AMIA negociaba el pago de dinero con Telleldín a cambio de una declaración que apuntara a policías bonaerenses en 1996.

A raíz de esto, la causa contra Galeano recayó ante el entonces juez federal Gabriel Cavallo, quien lo sobreseyó, en un fallo que los camaristas declararon "cosa juzgada fraudulenta".

Galeano presentó un recurso ante el máximo tribunal del país para que no se lo juzgue por "peculado" ya que sostiene que ya fue investigado y sobreseído por el pago ilegal de 400 mil dólares al entonces acusado del caso Carlos Telleldín en 1996.

Sobre la elevación a juicio de parte de la causa, los camaristas aclararon en su resolución que "en virtud de los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales, los requerimientos ya efectuados por las partes mantienen su eficacia".

Es decir, que los requerimientos de elevación a juicio ya presentados por la agrupación "Memoria Activa" y el querellante ex comisario y ex acusado Juan José Ribelli, por ejemplo, seguirán teniendo validez "aunque supeditada a lo que en definitiva resuelva" Casación sobre Galeano.

La presentación de estos requerimientos ante Lijo cortó la prescripción de los delitos penales por los que irán a juicio en un futuro Anzorreguy, Galeano, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex acusado Carlos Telleldín, su ex mujer Ana Boragni y el abogado Victor Stinfale.

A todos se les imputa haber cometido "peculado", con hasta diez años de prisión, por el pago ilegal de 400 mil dólares al ex acusado del ataque Telleldín, en 1996, a cambio de una confesión en la que involucró a policías bonaerenses, absueltos luego en un juicio oral.

Además Galeano y los ex fiscales están acusados de privación ilegítima de la libertad y en el caso del ex juez, de prevaricato.

Precisamente con el fin de evitar "prescripciones" y "dilaciones", tanto Memoria Activa como Ribelli aceptaron la realización del juicio oral en una primera tanda, mientras en forma paralela se continuaba investigando a Menem y Corach.