Aunque la cantidad de concursos y quiebras escaló durante el primer semestre y se proyectaba un récord de presentaciones, finalmente 2015 terminó con niveles similares a los de 2014. Los especialistas barajan dos explicaciones: el lanzamiento de planes nacionales y provinciales de refinanciamiento de deudas impositivas, y el hecho de que la relación entre la cantidad de expedientes y situación económica no es directa ni inmediata.

?  A lo largo de 2015 se iniciaron 220 concursos y quiebras en los tribunales rosarinos. De ellos 156 (el 70,91%) corresponden a personas físicas y 64 (el 29,09%) a personas jurídicas.

?  Se trata de valores muy parecidos a los de 2014, tanto en términos absolutos como proporcionales. En efecto, en ese año se registraron 218 expedientes, de los cuales 153 fueron protagonizados por consumidores y 65 por empresas.

?  Sin embargo, en la feria judicial de mitad de año se advertía que si se mantenía la tendencia del primer semestre 2015 concluiría con una cantidad más cercana a los 270 de 2013, el pico de presentaciones de los últimos años. Es que entre febrero y junio se abrieron 116 causas, pero en el segundo semestre sólo se iniciaron 104.

?  Para el abogado Federico Tjor, integrante del Estudio Golber y Asociados, esto puede deberse a factores estacionales. Como resaltan los profesionales encargados de este tipo de expedientes, la apertura del concurso preventivo de acreedores o la quiebra no refleja necesariamente la coyuntura económica: la vía judicial es el resultado de un proceso de mediano plazo, en el que se conjugan factores macro y micro con incapacidades de las personas y las empresas para afrontar financieramente sus deudas.

?  En tanto, la contadora Soledad Zelada, directora de Rainoldi & Zelada Consultores de Empresas, planteó que los planes nacionales y provinciales de regularización de obligaciones con el estado pueden haber aliviado provisoriamente a las compañías y postergar la crisis. “En muchas empresas la deuda impositiva es importante, y diferirla a diez años –como posibilita el plan de la Afip– es una herramienta que ayuda a seguir o disponer fondos para proveedores y sueldos”, indicó.

Sectores. Con respecto a los procesos vinculados a empresas que tienen mayor impacto social que las de consumidores, Zelada y Tjor afirmaron que “no hay ningún sector que se destaque” sobre otros en cantidad de causas.

?  Sin embargo, sí resaltaron en varios casos “el aumento de estructuras de costos, que no han podido trasladar a precios”, lo que generó “incumplimiento de facturas, y atrasos en pagos a proveedores y sueldos”.

?  En el sector metalúrgico, se pidió el concurso de Ferro Aceros SRL y Metales Rosario SA y entraron en quiebra Metalúrgica Tengram SA, Méndez Hermanos SRL, Indametal SRL, Construgas SRL e Ivaldi Metalúrgica SRL.

?  En gastronomía y alimentación, se produjo el concurso preventivo de acreedores de Gastronómica Oeste SRL, Gastronómica Stylo SRL, alimentos El Toto SRL y Juadi, y la quiebra de Poet Catering SA y la parrilla Don Leo.

?  Por su lado, en salud se dictó la quiebra de Medilab y el Instituto Dorrego, y el concurso preventivo del Sanatorio Plaza, mientras que en el sector agropecuario se avanzó en el concurso preventivo de Agro Delta y se dictaminó la quiebra de Dos Aperos SA y Aceitera Cañada de Gómez SRL.

?  Además, se produjo el concurso preventivo de la empresa de seguridad Bec Protection SRL y el pedido de quiebra de la compañía de higiene Servecol SRL y de CTD, dedicada a la logística.

Incertidumbre. Para los especialistas la asunción reciente del nuevo gobierno impone cautela en las proyecciones para el 2016. “No está claro nada”, señaló Zelada, y agregó: “Se han tomado medidas puntuales, pero desconocemos la política tributaria, el plan económico, las decisiones en cuanto a tasas de interés”.

?  Por su lado, Tjor caracterizó que a partir de la sucesión política “se plantea un escenario interesante”, por un “cambio de reglas de juego”. No obstante, advirtió, “en todo partido hay quienes ganan y quienes pierden”.

?  Entre los sectores beneficiados mencionó el agropecuario, el financiero, el inmobiliario y aquellos favorecidos por la desregulación del mercado cambiario y la devaluación. La situación de la industria es particular, recalcaron, ya que la liberación de las importaciones se comporta como un arma de doble filo: facilita la provisión de insumos pero también la entrada de productos que compiten con la producción local.

?  En cada caso, resaltó Zelada, se pondrá en juego “la habilidad del empresario para adaptarse y rediseñar lo que haga falta”. “Hay empresas que son más rápidas, y otras que lo reconocen más tarde, cuando ya están complicadas”, afirmó. En cuanto a personas físicas, el encarecimiento del crédito podría gatillar un aumento de las quiebras de consumidores.

“Frente a una irresponsabilidad financiera, una mayor tasa de interés para financiar la deuda de tarjeta va a hacer que el deudor se presente mucho más rápido”, sostuvo Tjor.

?  Además, empresas y particulares deberán afrontar un año para el que las principales consultoras prevén una inflación entre el 35 y el 40 por ciento, fogoneada por la suba de los alimentos y los servicios públicos.

Pero, sobre todo, habrá que ver cómo se resuelve la pulseada paritaria, que configura estructuras de costos e ingresos de los distintos agentes económicos, factores clave detrás de las presentaciones judiciales.

?  “Va a ser un equilibrio muy difícil de mantener”, reconoció Tjor, y añadió: “Ahí va a estar la pericia del equipo económico, hoy en día no podemos más que esperar”. Para el profesional, el escenario será incierto “hasta marzo, o incluso más”.