La Corte Suprema de Justicia admitió hoy una acción de amparo promovida por los padres de un menor discapacitado contra el Estado Nacional, para que se le otorgue un subsidio que le permita llevar adelante sus estudios aún con las limitaciones impuestas por su incapacidad.

Los ministros se basaron en el derecho a la vida y a la integridad personal, así como a la organización del servicio sanitario, todos los que consideró como “deberes asumidos por el Estado Nacional”.

El juzgado de la Seguridad Social nº 7 había hecho lugar a la medida, pero la Sala I de la Cámara del Fuero la había revocado argumentando que no mediaba una situación cierta de precariedad laboral de los padres, ni tampoco insuficiencia de recursos para pagar la educación del menor.

Sin embargo, los altos magistrados consideraron que “no existían elementos de juicio suficientes para invalidar el beneficio otorgado por el magistrado de primera instancia”, en mérito a “la claridad del plexo formativo de las leyes 24.431, 24.901 y el decreto 762/97, que ponen a cargo del Estado el sistema de prestaciones básicas para los discapacitados”.

Además los ministros rechazaron la idea planteada por los letrados del Estado que pretendían que el reclamo se realizara por una vía ordinaria y no por la de un amparo. En la resolución explicitaron que “dada la urgencia invocada, parece irrazonable imponer a los actores acudir a la vía ordinaria, cuando por la vía del amparo ya llevan dos años litigando”.

Fuente:www.infobaeprofesional.com.ar