La intervención del máximo tribunal fue solicitada la semana pasada por la Legislatura, a instancias de diputados del ARI junto a otros legisladores de la oposición, que pidieron a la Corte Suprema que no confirme los nombramientos en aquellos casos que “no acrediten idoneidad para el cargo”, tal cual lo establece la Constitución Nacional.
En su momento, estos nombramientos de Reutemann fueron duramente cuestionados y relacionados con el nepotismo, es decir, una práctica a través de la cual los que ejercen el poder favorecen a amigos y parientes otorgándoles cargos para los que no tienen idoneidad. Sin embargo, al no encontrar la Corte Suprema ninguna causal de objeción y pasarle el tema al procurador, las cinco designaciones dispuestas por decreto firmado el 19 de mayo de 2003 quedarían firmes a partir del viernes.
Tales decretos refieren, según los diputados, a los nombramientos de María Florencia Guerin, esposa del ex subsecretario de Información Pública Gustavo Galopo, designada como jueza y jefa del Registro Civil de Cayastá; Marta Yolanda Mergen, amiga de la sobrina y ex secretaria privada del por entonces gobernador, Verónica Reutemann, designada en Villa Trinidad; Omar Pedro Sánchez, amigo del reelecto senador por San Justo, Ricardo Olivera, nombrado en La Criolla; Juan Carlos Lucero, kinesiólogo personal de Reutemann, designado en Nuevo Torino; María Valeria Perren, esposa del diputado provincial mandato cumplido Juan Domingo Demaría, nombrada en Arrufó, y Marta Sol Castagnino, hija de la senadora nacional Roxana Latorre, nombrada en Alvear.
Los diputados de la oposición se hicieron eco de las críticas que desde distintos sectores se levantaron contra las designaciones, y por este motivo solicitaron la intervención de la Corte Suprema. “Si el máximo tribunal, en ejercicio de la superintendencia general de la administración de justicia, no actúa –explicaron los legisladores aristas–, quedarán confirmadas aquellas personas designadas el 19 de marzo de 2003. Se trata de cinco decretos firmados ese día y que resultan emblemáticos de lo que se está expresando”, expresa el pedido aprobado la semana pasada por la Legislatura provincial.
La idoneidad
Los legisladores de la oposición basaron su pedido en una serie de argumentos jurídicos referidos a la idoneidad necesaria para ocupar un cargo público: “El artículo 119 de la ley 10.160 (orgánica del Poder Judicial) establece que el nombramiento «es dado con carácter condicional por el plazo de un año, cumplido el cual quedan confirmados salvo disposición en contrario de la Corte Suprema»”.
Además, los diputados señalaron que ésa “es una previsión de control y equilibrio entre los poderes del Estado, a los efectos de desalentar sospechas de nepotismo y favoritismo que degradan la credibilidad de la Justicia y demás instituciones democráticas”. Y agregaron que “implica que la Corte se corresponsabiliza en tales designaciones”. Y justamente, la decisión de ayer de la Corte, que no se expidió definitivamente sobre el tema y le pasó el problema al procurador, parece ser una manera de no hacerse responsable de las tan cuestionadas designaciones.
Fuente:www.elciudadano.net
