En un claro mensaje a los otros poderes, los integrantes del máximo tribunal también advirtieron que la Justicia, al igual que el Gobierno y el Congreso, tiene una "clara determinación en favor del juzgamiento de quienes se sindican como autores o partícipes de los delitos de lesa humanidad".

En su último acuerdo del año, la Corte respondió así a la conflictiva situación planteada a raíz de un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que abrió las puertas a la excarcelación de una veintena de represores que llevan siete años en prisión preventiva.

La posible excarcelación de represores como Alfredo Astiz o Jorge "el Tigre" Acosta, acusados por los crímenes de la ESMA, abrió una andanada de cuestionamientos a los camaristas que habían aceptado ese planteo.

La acordada fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carme Argibay, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni, mientras que el único magistrado que no lo hizo fue Carlos Fayt.

En el texto, se incluyó un informe sobre el estado de situación de las causas de derechos humanos: este año hubo siete juicios y 29 condenados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi; en el 2007 otras ocho condenas y el año anterior dos sentencias. No obstante, la Corte reconoció una "demora permanente" en la tramitación de los expedientes frente a la magnitud de las causas que investigan los delitos de la última dictadura ante una "instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo de los concernientes a crímenes contra la humanidad".

El tribunal sostuvo que los procesos deben resolverse en "un plazo razonable" para dar repuesta en estos casos, aunque ponderó la "complejidad" que presenta cumplir con el "derecho" de los imputados a "ser sometidos a proceso" y la necesidad de las víctimas a obtener justicia.

La Corte también exigió que se cubran los puestos vacantes en la Justicia, se implemente "el plan de justicia digital" y se provea "la cantidad de salas de audiencias necesarias" para los juicios orales en todo el país del país.

Añadió que "el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad existente" y explicó que "hay una insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados".

El máximo tribunal formalizó indirectamente un pedido para reformar el Código Procesal frente a las causas complejas. Fue tras advertir que "un factor de demora permanente" en las megacausas se basa en "un proceso penal que mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo de los concernientes a crímenes contra la humanidad".

La Corte resolvió, además, crear una oficina especial, la "Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad", que se encargará de monitorear los procesos y tendrá facultades para requerir informes a los juzgados en los que se verifiquen demoras.

A la hora de enviar un mensaje a los tribunales inferiores, los ministros de la Corte le pidieron a los jueces que ‘evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad del trámite. Les recordó así "el deber de extremar los recaudos para acelerar el trámite" de los expedientes y pidió "un renovado y mayor esfuerzo en la coordinación de las medidas que cada uno de los poderes decida adoptar para superar ese estado de cosas".

En ese marco, el máximo tribunal agregó que hay "congestión" en los seis tribunales orales federales porteños entre los que no se pueden reasignar causas y que uno solo de ellos, el TOF 5, tiene asignados los megajuicios de la ESMA y el Primer Cuerpo del Ejército, que se iniciará en febrero próximo. Recordó además que el 15 de julio pasado solicitó al Gobierno la creación de dos nuevos tribunales orales federales y criticó la ley que dispuso que todas las apelaciones sean orales. Los ministros señalaron que entre las medidas a tomar no pueden unificar o diversificar causas para acelerar la elevación a juicio ya que esa medida "en unos casos pueden redundar en beneficio de la celeridad, (pero) en otros pueden generar nuevas demoras".