Allí se sostiene además que en numerosas ocasiones no se ha encontrado la documentación que respalde supuestos ingresos a la caja del club. También refleja que el manejo de fondos no ha seguido los carriles normales y que es inexistente la bancarización en una gran cantidad de operaciones. "En los últimos dos años, desde la homologación del acuerdo en 2005, se suscitaron hechos y circunstancias que arrojan un manto de incertidumbre sobre la actuación de los ex directivos, con más de un grado de observación y cuestionamiento tanto interno como penal", dicen la contadora Sonia Clark, el abogado Arturo Araujo y el contador Ricardo Schneir en un minucioso trabajo que consta de 95 carillas.
Como ya publicó Ovación en su edición del sábado, no se determina allí el monto definitivo de la deuda. La imposibilidad surge de la gran cantidad de juicios (más de quinientos), muchos de ellos sin definición de importe. Sin embargo, fuentes cercanas a los ex interventores creen que estará por debajo de los 60 millones de pesos que se venían manejando. Ello tiene que ver con que ya hay juicios en los que se ha llegado a un acuerdo y que otros reclamos no tienen la documentación que los haga sostenibles ante la justicia.
El manejo de los fondos es uno de los aspectos que más complica a Pablo Scarabino, Gonzalo Estévez y Juan Dalbes, entre otros, pero no el único. El otro punto donde los ex interventores pusieron la mira es en el abultado y vertiginoso crecimiento de la deuda contraída después del concurso de acreedores. Así, por ejemplo, trepó más de cuatro millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2006, pese a que en ese lapso ingresaron al club más de siete millones de pesos por la venta de Ruben, Ojeda y Villagra a River. Incluso, con una orden expresa de la justicia para que parte de ese dinero se destinara a bajar las acreencias; sin embargo, el propio Scarabino firmó una planilla donde dejaba constancia que, en lugar de bajar, se había incrementado. ¿Cómo es que 18 millones menos 7 millones es igual a 22? Quizás Scarabino y Estévez puedan explicarlo. Aunque parece una empresa bastante complicada.
La convocatoria de acreedores fue presentada por el ex presidente Pablo Juan Bautista Scarabino como uno de los logros de su primer período de gestión, cuando también aseguró con bombos y platillos que Central jugaba el campeonato económico. A juzgar por este informe, Scarabino hizo que el club perdiera por goleada.
Aprieta, pero no ahorca
El 20 de septiembre de 2007, la AFA le informa a la intervención que la deuda posconcursal de Central con esa entidad asciende a 14.756.647 pesos. Sostiene que Central ha incumplido las obligaciones a su cargo y las detalla en dos planillas por separado. "La AFA no intima el pago. Hace saber la deuda y los altos costos financieros que se devengan del incumplimiento de esas obligaciones. En otras palabras: intima persuasivamente", dicen sutilmente los ex interventores para dar cuenta de la situación. También aclara que la gente de Grondona le pide al Tribunal que ordene la cancelación de esa deuda.
Otro de los aspectos llamativos es el referido al accionar de los abogados Autarco Arfini, Juan José Ubieta y Eduardo Carrillo. A estos profesionales se les imputa usar ardides para efectuar reclamos infundados a Central en los Tribunales de Buenos Aires. "Presentaron documentos que instrumentaban la supuesta acreencia de manera tal que resultaba perjuicio a la propia institución, al concurso preventivo y a sus acreedores, realizándolo además en extraña jurisdicción a los fines de evitar cualquier conocimiento por parte del juzgado del concurso", sentencia inapelable.
Arfini, Ubieta y Carrillo habían renunciado expresamente ante la comisión directiva a reclamarle al club los honorarios devengados y regulados judicialmente cuando la entidad fuera condenada a pagar costas. Quince días después firman con la "mesa directiva" y no con la comisión directiva, un convenio de locación de servicios profesionales. Un año después, el 23 de noviembre de 2005, se firma otro "acuerdo" complementario del anterior en el que Central reconoce una acreencia a favor de los profesionales de $6.240.000. Este acuerdo sólo lleva las firmas de los integrantes de la mesa directiva (Scarabino, Dalbes y Estévez, entre otros). Estos manejos, además, no están registrados en la contabilidad.
Al describir el procedimiento de ingresos de fondos, dice que usualmente el dinero ingresaba por la caja y que se emitía un comprobante interno que podría considerarse "de dudosa entidad probatoria per se ante un contexto de severos cuestionamientos". No obstante, aclara que los ingresos de fondos existieron y se usaron para el pago de erogaciones esenciales como sueldos, gastos de mantenimiento, servicios, impuestos, gastos exigibles.
Viejos conocidos
Son tantos los incumplimientos de la gestión de Scarabino y compañía, que hay muchos conocidos de la entidad que han debido recurrir a la justicia para tratar de cobrar sus acreencias.
Los ex técnicos Astrada (90 mil dólares), Gorosito y sus colaboradores (150 mil dólares) y el representante Juan Carlos Silvetti (435.000 dólares) tienen juicios y pedidos de quiebra, aunque mostraron su predisposición para acordar una forma de pago con las nuevas autoridades. También presentaron reclamos extrajudiciales varios jugadores y ex jugadores canallas y hasta Angel Tulio Zof, quien fue uno de los hombres más cercanos a Scarabino. Zof intimó el pago de 550.000 pesos. l
