Ofensiva judicial de la Guardia Urbana contra los vendedores ambulantes. Mariano Savia, director del cuerpo, presentó una solicitud para que se inice un proceso penal contra los comerciantes clandestinos que se instalan en el centro de la ciudad y lograr su desalojo, de ser necesario, por la fuerza pública.

Se considera que los vendedores se apropian indebidamente de las calles, lo que afecta la libre transitabilidad de los rosarinos y además perjudica a los comerciantes formales. La denuncia se funda en el artículo 61 del Código Provincial de Faltas, que prevee hasta 15 días de arresto y multas.

"Solicito se inicie proceso penal contravencional contra aquellos vendedores ambulantes clandestinos que, ejerciendo una actividad no habilitada por el municipio a lo largo de las peatonales Córdoba y San Martín, ofrecen, principalmente en el suelo, distintos artículos, objetos de reventa, productos caseros, artesanías, entre otros", se detalla en la misiva firmada por Savia.

El funcionario sostuvo que "ninguno de los denominados "paños" "artesanos" o "manteros" tienen permiso para ofrecer productos en el piso de las céntricas peatonales" pero que es habitual que se instalen en la peatonal Córdoba desde calle Paraguay a Mitre y San Martín desde calle Rioja a San Luis.

Se pide que se ordene "el desalojo de los mismos, de ser necesario, por la fuerza pública" y además se proceda "al secuestro de las mercaderías y/u objetos artesanales que vendan, de así disponerlo, y, en suma, la activación de todas las actuaciones tribunalicias contra los mismos que impliquen la plena liberación del espacio público aludido".

"Tales vendedores deberán ser identificados, comparecer y rendir cuentas ante la justicia provincial, y aplicárseles las máximas sanciones que, en el marco de la ley, establezca el Código de Faltas", se sostiene.

"El Estado Municipal denuncia expresamente la indebida apropiación de las calles referidas por los vendedores clandestinos, lo que afecta la libre transitabilidad de los Rosarinos, perjudica a los comerciantes formales, genera una injusta competencia desleal respecto de aquellos que cumplen con sus obligaciones legales, arrojan constantemente residuos en la acera, resisten permanentemente la actuación de los inspectores locales, maltratan a los transeúntes y, en suma, generan un desorden francamente inadmisible en la ciudad", plantea otro párrafo.