Raúl Lutz, vicario general de la orden de los Canónigos Regulares de Letrán, admitió que son ocho los casos de acoso sexual protagonizados por el padre Reynaldo Narvais, a quien reemplazó como párroco en la iglesia Nuestra Señora de Pompeya, de la zona oeste de Rosario. Pero aclaró que no hay ningún menor involucrado y que corresponde a los damnificados y no a la Iglesia hacer la denuncia en la Justicia ordinaria.

En cuanto al sacerdote denunciado, dijo que continúa recluido en un monasterio, "con tratamiento psicológico y atención espiritual", y que está suspendido para toda actividad ministerial por decisión de la orden religiosa y el Arzobispado.Sobre la investigación que tiene a su cargo, dijo que en el marco del Derecho Canónico se está haciendo la instrucción de la causa. "Cuando terminemos la instrucción elevaremos el tema al tribunal eclesiástico correspondiente, en este caso el de la Arquidiócesis de Santa Fe que corresponde por jurisdicción", explicó. Este tribunal definirá la sanción al padre Narvais, que ahora cumple una medida preventiva.

Lutz, en diálogo con el programa Diez puntos de Radio 2, dijo que en la instrucción se detectaron ocho casos de acoso sexual que fueron denunciados en el año 2008 y a los que los testimonios dan por ciertos. En cambio, sostuvo que es más vidrioso el tema del abuso -al que le sumó el calificativo de "presunto"- y sumó un dato que según complica la instrucción y sobre el que adjudicó responsabilidad a la prensa: "La gente está amedrentada de prestar testimonio".

El religioso negó que se haya intentado encubrir los hechos y resaltó que el padre Reynaldo fue separado de la parroquia apenas se tomó conocimiento de la situación, a fines de 2008.

Consultado por las demoras en la instrucción, Lutz insistió en que no había menores involucrados y que dilucidar esa cuestión llevó un buen tiempo. "De acuerdo a los testimonios, esto no cuadraría dentro de lo que es pedofilia. Había un joven que tenía 18 años cuando se hizo la denuncia que narra acontecimientos graves de cuando tenía 17, pero después se desdice. Estamos tratando de ratificar o rectificar esto", explicó.

Además, admitió que se pagó un monto "reparatorio" a una de las víctimas, pero negó que haya llegado a 200 mil pesos. Ese dinero, dijo, era para cubrir el tratamiento psicológico y psiquiátrico y porque esta persona, que era docente, quedó imposibilitada de continuar con esa tarea.