La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario anuló hace dos días el permiso de edificación otorgado por la Municipalidad para la construcción de una torre de 39 pisos en la avenida Libertad, frente a la costa de la ciudad, y ordenó al municipio que no autorice la obra sin una evaluación previa sobre el impacto ambiental que causaría en la zona donde proyectan emplazarla. Aunque no implica un freno definitivo al proyecto, la decisión del tribunal paraliza el inicio de las obras y supedita la autorización municipal para su construcción a los resultados de ese estudio de impacto ambiental, tal como exige un grupo de vecinos del área.

El veredicto de la Cámara dejó sin efecto un fallo previo del juez Jorge Scavone, quien el 11 de febrero legitimó el permiso de edificación. También impuso el pago de las costas del juicio a la Municipalidad y a la empresa que pretende construir la torre.

Scavone había dicho hace un mes y medio que la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental no incluye a todas las construcciones urbanas. También había sentenciado que en este caso en particular no existe ningún motivo para hacerlo. Ese veredicto es el que ahora anuló la Cámara.

La sentencia que deja en suspenso la construcción de Aqualina, que es como los constructores llaman al proyecto, fue rubricada por los camaristas Alicia García y José María Serralunga, de la Sala II de la Cámara Civil. Mario Chaumet, el tercer miembro del tribunal, se abstuvo en cambio de pronunciarse sobre el tema.

García y Serralunga dijeron que al otorgar el permiso de edificación la Municipalidad violó la disposición que obliga a los funcionarios y agentes públicos responsables de la aprobación de una obra a exigir previamente una evaluación del impacto que causará en su entorno. Además, señalaron que ese estudio debe ser autorizado previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Un gigante en la costa

El proyecto de Aqualina es monumental. Consiste en una torre de 39 pisos, 31 de los cuales serían departamentos, que los constructores planean levantar a muy pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera. Otras seis plantas serían para cocheras y un piso entero se convertirá en un gimnasio.

Aqualina tendría acceso por la avenida Libertad y también por calle Alem a la altura del cruce con San Luis. Se constituiría, en caso de ejecutarse, en la obra más imponente de la ciudad.

Sin embargo, su construcción en ese sitio -a metros del Monumento y frente a la costa, que en ese sector ofrece una fantástica vista al río Paraná- generó una fuerte polémica entre algunos vecinos y la Municipalidad. Mientras el organismo que gobierna la ciudad sostiene que la autorización para la ejecución de la obra no viola ninguna disposición legal ni administrativa, algunos habitantes de barrio Martin sostuvieron lo contrario y exigieron estudios de impacto ambiental, ecológico y paisajístico. Lo que buscan es saber previamente de qué manera la torre, y todos los cambios urbanos que acarreará, afectará su vida cotidiana.

Al debate también se sumó luego el Concejo Municipal. Varios ediles cuestionaron públicamente la elección del lugar donde se elevaría la torre y pusieron en duda que se estuviera cumpliendo con las normas municipales para la construcción de edificios de gran altura en esa área de la ciudad. Uno de ellos, el concejal Jorge Boasso, llegó a decir que la construcción de edificios de 40 pisos en un sector que antiguamente estaba en manos de las cerealeras y el ferrocarril aislaría a los rosarinos de la costa.

Hasta el Código de Edificación, que regula las normas para la construcción de obras particulares, quedó entonces bajo la lupa de algunos ediles.

La puja se trasladó luego a los Tribunales y se materializó en un conflicto judicial. El litigio se disparó cuando un vecino demandó a la Municipalidad y la empresa constructora amparándose en la ley 10.000, una norma que sólo existe en la provincia de Santa Fe y que pone un paraguas como protector de los intereses difusos de los ciudadanos.

Esa pelea en los estrados judiciales concluye ahora con la anulación del permiso de edificación Nº1.765 de 2003 otorgado por la Municipalidad, aunque esta aún tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Fuente:www.lacapital.com.ar