Poco más de tres años pasaron desde que los dirigentes de Apropol (el Sindicato que agrupa a policías en Santa Fe) denunciaron en los tribunales santafesinos a (por entonces) dos jefes policiales por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia ordenó la apertura de investigaciones al respecto y ordenó profundizar sobre las acusaciones a la Dirección de Asuntos Internos.
Hace una semana, los agentes de ésa repartición elevaron el informe final administrativo en relación a Hugo Giuliano, hoy retirado, que trepó al rango de Comisario Mayor en la jerarquía e incluso fue jefe de la Unidad Regional de Caseros. Su figura ocupó el centro de la escena y acaparó un glosario de dudas cuando en agosto de 2004 el dirigente de Apropol Rosario, Alberto Martínez, lo denunció en la justicia. En el escrito le adjudicaba a Giuliano ser propietario de dos edificios de propiedad horizontal. Uno de 10 pisos, ubicado en Moreno 415 y otro en la misma calle a la altura del 405 que ocupa toda la ochava. En la denuncia se adjuntan los números de ocho cuentas bancarias a su nombre en distintas entidades crediticias. Los denunciantes calcularon entonces que el sueldo del comisario no superaba los 1.800 pesos. Martínez aportó como datos un detalle de dos edificios de propiedad del comisario (que figuran en el Tomo 852, folio 280, S/N°, PH del Registro de la Propiedad Rosario). Y las cuentas bancarias Cuenta N° 400932239 Caja de Ahorro en moneda extranjera, cuenta N° 7699321 al año 2002 poseía $ 23.800, cuenta N° 76969676 Caja de Ahorro en Dólares (Banco Lloyds). Cuenta N° S 180838319 Caja de Ahorro en pesos, cuenta N° S 180838327 Caja de Ahorro en dólares, cuenta N° S 183752911 Caja de Ahorro en pesos (Citybank). Cuenta N° 6398606 Caja de Ahorro en pesos (Banco de Santa Fe), y cuenta N° 36789453 (Banco Boston).
La asociación del apellido Giuliano con la presunta comisión de ilícitos había tenido un capítulo en el 2001 cuando la jueza de instrucción rosarina Karina Lurati le abrió una causa tras una serie de denuncias periodísticas que lo señalaban como el recaudador del dinero sucio de las cajas negras policiales. En ese entonces Giuliano, que era Jefe de la Agrupación de Unidades Especiales, fue absuelto.
Ahora, el juez de instrucción de la 10º Nominación de Rosario Alfredo Ivaldi Artacho será el encargado de investigar cómo hizo Hugo Giuliano para obtener los bienes que se pudieron comprobar como de su propiedad en la investigación contenida en el sumario administrativo de la Dirección de Asuntos Internos. La investigación tiene quince cuerpos y pone como límite de estudio de los bienes la fecha en que se realizó la denuncia de Apropol. "Se investigó hasta el momento de la denuncia, cuando culminó el proceso administrativo en los dos casos (también el de Raúl Avalo) se puso comprobar objetivamente el patrimonio y entonces Asuntos Internos les pidió un descargo que, evidentemente, no satisfizo. Por eso ahora la justicia deberá merituar las pruebas colectadas ", dijo una incontrastable fuente judicial. Esta etapa de la instrucción pone a los jueces en una opción casi única: el llamado a indagatoria para resolver la situación procesal de los dos ex comisarios. Notife consultó a una calificada fuente gubernamental al respecto quien manifestó sin dudar que "si se hubiese demostrado técnicamente que los bienes se correspondían con los ingresos, la causa se archivaba en Asuntos Internos y después se le informaba al juez, al parecer no pasó esto", dijo.
En cuanto a la situación del ex comisario Avalo, fuentes judiciales informaron que la situación es similar a la de Giuliano, aunque recién se ordenó la apertura de instrucción esta semana, un mes después de concluido el sumario de Asuntos Internos. El juez de Instrucción de la 2º Nominación José Manuel García Porta (quien tomó la denuncia originariamente) será el encargado de demostrar si los bienes de Avalo pueden justificarse técnicamente con sus ingresos.
El ex comisario fue denunciado en marzo del 2005 por Miguel Zalazar, también de Apropol, quien en su escrito original acusaba a Avalo por enriquecimiento ilícito, "ya que posee cuatro vehículos, y al menos, siete propiedades en la ciudad de Esperanza, muchas de las cuales las alquila". Al magistrado le acercaron una grabación en audio de una de las hijas de Avalo que ofrecía en alquiler una vivienda que, en los registros de la propiedad, no figuraban a nombre del ex comisario. La investigación preliminar tiene 14 cuerpos y, según adelantaron fuentes judiciales, "tiene además de una rigurosa investigación financiera, un trabajo de investigación patrimonial de una veintena de policías, algunos en actividad, lo que no significa que sean susceptibles de procesos penales".
Avalo integraba la Plana Mayor de la policía santafesina al momento de ser denunciado, en marzo de 2005, cuando el hombre fuerte de la fuerza era Jorge Pallavidini. En ese entonces, las denuncias de Zalazar también alcanzaban a otros hombres de la fuerza, referidas a enriquecimiento ilícito, encubrimiento, defraudación, evasión impositiva y malversación de caudales públicos. En el listado de policías involucrados aparecían el entonces jefe de la plana mayor policial, Raúl Horacio Avalo; el jefe de la unidad regional Nº XII (Dpto. Las Colonias), Oscar Silva; el jefe de la Brigada de Investigaciones de Esperanza, Ricardo Muller; el ex jefe de policía de la provincia, Arturo Ignacio Cruz; los ex jefes de la Unidad Regional XVIII (Dpto. San Martín), comisarios generales Raúl Avalo, Julio Pallavidini y Oscar Moresco.
La presentación judicial que dio inicio a la investigación daba cuanta de una aceitada red de ilícitos y estafas que permitía a los involucrados hacerse de bienes y ponerlos a nombre de testaferros. También sugería investigar la situación patrimonial de los ex jefes policiales hace diez años y cotejarlas con los bienes muebles e inmuebles que poseían tras el paso por la función pública.
Algunas claves de la investigación
La investigación tuvo un fuerte respaldo legal otorgado por la vigencia de una norma provincial que permite avanzar sobre el patrimonio de los policías, incluso hurgar sobre las cuentas bancarias o depósitos financieros. La ley 12238 que fue sancionada el 27 de noviembre de 2003 y promulgada en diciembre del mismo año por el entonces gobernador Jorge Obeid encuadra las facultadas administrativas del procedimiento para la investigación de enriquecimiento ilícito del personal policial. Propone en sus artículos que "La Dirección Provincial de Asuntos Internos de oficio o por denuncia fundada investigará los supuestos de enriquecimiento injustificados del personal policial que se encuentre en ejercicio de sus funciones y hasta seis (6) años después de su renuncia o pase a situación de retiro". Pero además señala que la autoridad administrativa quedará relevada de la intervención prevista en el Artículo precedente, si el Ministerio Público a través del fiscal de grado formulare el requerimiento exigido en el Artículo 268 inc. 2) del Código Penal Argentino. En este caso, actuando bajo la letra de esta ley se pudo solicitar informes a Registros Públicos respecto a bienes inmuebles, muebles registrables, comercios, marcas, señales de ganado y actividades civiles lucrativas de las cuales sean titulares el funcionario policial, su cónyuge, conviviente, grupo familiar conviviente, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo grado. Se trabajó con la Escribanía Mayor de Gobierno en relación a la solicitud de copia de las declaraciones juradas patrimoniales, presentadas. En los dos casos investigados se pidieron informes sobre la evolución de cuentas bancarias, operaciones con tarjetas de crédito, compraventa de títulos y acciones, transferencia de divisas y cajas de seguridad registradas.
Notificados
Tanto la subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe como las autoridades policiales fueron notificadas del estado judicial de las dos causas en trámite en los juzgados de instrucción de Rosario y Santa Fe, a cargo de los jueces Ivaldi Artacho y García Porta, respectivamente.
