En rigor, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico ya había revocó en febrero pasado el procesamiento en primera instancia de Marsili, junto con el de Javier Fernández Rickeboer, ex gerente de la sucursal Uruguay, a quienes el gobierno nacional había señalado el año pasado como posibles evasores del Impuesto a las Ganancias en el período 2000 a 2003 y se les había trabado un embargo por $100 M cada uno.

Ahora, el juez fue por más y directamente en su resolución destaca que en ninguno de los dos casos son delitos los hechos investigados por los que fueron indagados y que el sumario que se hubo constituido no afecta su buen nombre y honor.

De la resolución judicial se desprende que la conducta de Cargill se ajustó a cumplir las leyes y normas aplicables, la absoluta inocencia de Héctor Marsili y Javier Fernández respecto de las injustas imputaciones que se les hicieron.

En el bunker de Cargill festejaron la resolución, sobre todo porque la empresa viene estando en la mira de la Afip: en 2010 las denunciaba por triangulaciones, en marzo la suspendió del registro de operadores del mercado de granos, sus oficinas fueron allanadas en los dos últimos mega operativos del ente recaudador y recientemente le trabo la operatoria del puerto de Villa Gobernador Gálvez no dándole la habilitación definitiva para operar como terminal.

El revés judicial que sufrió la Afip no es el primero y es una clara muestra de las endebles pruebas que tiene contra la empresa, pese a que rápidamente son escrachadas en los comunicados oficiales cuándo se están realizando investigaciones, a diferencia del secreto de los nombres que hace valer la Afip en otros casos que investiga.

En efecto, las medidas cautelares están volviendo a poner en el registro de operadores a empresas (ADM) y empresarios que son suspendidos por supuestas inconductas fiscales, denuncias que luego no se pueden sostener en la Justicia.