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La Nación adeuda más de 550 millones a la Caja de Jubilaciones de la provincia

El gobierno nacional cortó en el 2006 el envío de fondos comprometidos con la provincia de Santa Fe por el sostenimiento del sistema previsional y, a la fecha, el rojo supera los 550 millones de pesos, según el subsecretario de Seguridad Social, Víctor Adamik.

El funcionario tiene la planilla con los números actualizados. En el 2006, el déficit fue de 111.143.000 pesos y los envíos de la Nación, por apenas 23 millones, lo que dejó un saldo de 88.000.000. En el 2007, el reclamo fue por un rojo de 133 millones y no hubo transferencia alguna. Al año siguiente, fue de 137.491.448 pesos, y en el 2009, de 192.500.000 pesos.

El compromiso de la Nación de acompañar a la provincia enjugando el déficit previsional se adoptó de común acuerdo y en el momento en que Santa Fe decidió no transferir el sistema previsional a la Nación como hicieron otras provincias. La decisión fue respaldada por la mayoría del arco político y los gremios estatales. Eran tiempos de privatización del sistema previsional, el surgimiento de las AFJP, y cuando las provincias aceptaron ceder parte de la coparticipación para atender el déficit previsional generado por la cesión de recursos al sistema privado.

En el medio, hubo un proceso de "armonización" del sistema nacional y el provincial que motivó varias reformas a normas santafesinas. Pero la Nación dejó de cumplir en el segundo trimestre del 2006 y hasta ahora fueron insistentes los pedidos de la provincia que cayeron en saco roto. "Regularmente, Anses envía una auditoría para comprobar la veracidad de las cifras que reclamamos", reconoce Adamik.

El sistema previsional santafesino tiene un rojo que orilla los 200 millones anuales, producto del sistema de retiros del personal de seguridad y del servicio penitenciario. "El resto está equilibrado", añade Adamik.

Resolución

Por otra parte, Adamik resaltó que son 15 los casos revisados de profesionales que accedieron al beneficio jubilatorio a través de la resolución 214/2007, que regía el otorgamiento de las jubilaciones y que fuera derogada el año pasado, al constatar que su aplicación registraba irregularidades en el cálculo de las prorratas de edad y servicios.

Según el subsecretario, en la mayoría de los casos hubo acuerdos y los beneficiarios pasaron a cobrar a cajas donde tenían mayores años de aportes. En cambio, quedan abiertos dos planteos, uno de los cuales corresponde al ex ministro de la Corte, Rodolfo Vigo, quien objetó la resolución del Ministerio de Trabajo y el trámite se encuentra todavía en sede administrativa.

El año pasado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe anuló la resolución 214/2007 que regía el otorgamiento de las jubilaciones, al constatar que su aplicación registraba irregularidades en el cálculo de las prorratas de edad y servicios.

El texto de la anulación dispuso, además, que "a través de la Secretaría General de la Caja de Jubilaciones se realice una búsqueda exhaustiva de todos los casos resueltos con la aplicación de la resolución 214, para analizar en forma particular cada uno de ellos, conforme a las pautas legales brindadas por el convenio de reciprocidad con las Cajas Profesionales, ratificado en el orden nacional por Resolución 363/81 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, y en el orden provincial por ley 9207". Fueron quince los casos, la mayoría de los cuales ahora está resuelto, restando definir únicamente dos.

Aumentos
A poco de la llegada de Hermes Binner al gobierno provincial, el dictado de dos decretos trasladó en forma inmediata los aumentos a los activos y al sector pasivo. Este año, los judiciales cobran un 10% de incremento desde el primer mes tal cual fue acordado para el sector activo que está enganchado con su política salarial a la nacional.

Otros que definieron su política salarial a nivel nacional son los bancarios cuyos pasivos perciben desde marzo la mejora del 23,5%. La Caja ya elabora las resoluciones para liquidar los nuevos montos a los pasivos de municipios y comunas, así como a docentes y administración central que cerraron en los últimos días de marzo sus acuerdos paritarios

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