Cañada de Gómez.- El gobierno de la provincia de Santa Fe se abre al debate para fijar "reglas más justas" en el esquema de coparticipación de los fondos que se recaudan y que luego son destinados a las comunas y municipios.

La idea de los funcionarios de Hacienda es hacerlo a través del consenso y con intervención de la recientemente creada comisión de coordinación fiscal.

Los detalles de la iniciativa fueron dados a conocer por el secretario de Finanzas, Carlos Fernández, luego de que intendentes y presidentes comunales reclamaran más autonomía, representación y una distribución del 18 por ciento de los tributos nacionales coparticipables e ingresos brutos en apoyo a un proyecto que se debate en la Legislatura.

Primera en la provincia. El funcionario manifestó que la idea del gobierno de Hermes Binner, definida como la primera que se lanza en toda la historia de la provincia, es "revisar el actual sistema de reparto y no fijar porcentajes, como se pretende desde el proyecto que impulsan algunos mandatarios".

En ese sentido fue crítico con la iniciativa que se debate en la Legislatura. "El proyecto de los justicialistas es dejar las cosas como están, cuestión que nos parece insostenible. Hay una enorme inequidad, municipios que reciben mucho y otros que perciben muy poco", consignó.

Hace unos días, desde el foro de intendentes se ahondaron los pedidos de mayor autonomía y representación al afirmar que "no sea considerada la suba de los tributos hasta tanto se apruebe un esquema de más coparticipación a municipios y comunas, garantizando autonomía".

Respuesta. En contestación a esos pedidos, Fernández sostuvo que la creación de una comisión de coordinación fiscal integrada por miembros de la provincia y de las localidades "intentará fijar reglas consensuadas que darán la base de una nueva ley de coparticipación".

Asimismo añadió: "Creemos que hay que encontrar una nueva forma de distribución. Si pretenden que demos más fondos a los municipios se corre el riesgo de que cierren hospitales y escuelas, incluso llegaría a menguar la ayuda escolar que actualmente se está suministrando desde el gobierno central".

"La frazada es corta. Podemos tapar la cabeza, pero se destapan los pies. Debemos imponer el pensamiento de que hay que mejorar la recaudación tanto por parte de la provincia como los municipios con relación al cobro de los tributos locales", añadió.

"En la Legislatura podría ingresar una idea consensuada, porque no acordar las medidas ya ha causado mucho daño al país, y si no miren lo que le sucedió al gobierno nacional con el tema del campo", reflexionó Fernández

Coeficiente. Fernández explicó en forma pormenorizada el coeficiente de reparto. Recordó que en 1975 se distribuía el 18,775 por ciento al conjunto de los municipios y comunas, pero añadió que en 1979, en plena dictadura, el coeficiente baja al 13,4372 por ciento.

"Cuando retorna la democracia se mantuvo ese porcentaje, pero la situación se complicó todavía más en 1992 con la firma de los pactos fiscales", añadió.

"Nosotros hemos asumido el compromiso de repartir el 13,4372, que fue incumplido en los últimos catorce años. Ese cálculo dio como cifra 63 millones de pesos que no estaban contemplados y que este año se distribuyeron entre las comunas y los municipios", comentó Fernández.

Distribución. Resaltó, además, que la provincia de Santa Fe distribuye el 90 por ciento de lo que se recauda de patente y el 50 por ciento del inmobiliario, y aclaró que es cierto que Córdoba coparticipa el 20 por ciento, pero en la totalidad de los impuestos.

La Comisión Provincial de Coordinación Fiscal estará integrada por 10 representantes del Poder Ejecutivo provincial y 10 representantes de los municipios y comunas de la provincia, de los cuales cinco serán miembros permanentes y otros cinco rotativos.

Miembros permanentes.Se destacó que los miembros permanentes serán los intendentes o secretarios de Hacienda de los municipios de las ciudades de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, que son las cabeceras de los nodos regionales.

Los cinco miembros restantes serán rotativos, durarán un año en sus funciones y se elegirán uno por cada una de las regiones en que se está organizando la provincia.

Se aclaró que para garantizar pluralidad de opiniones, estos representantes deberán ser de signo político distinto al miembro permanente de la región respectiva.