Primero pidió que se retiraran los secretarios del Salón de Acuerdos. Luego, a solas con el resto de sus colegas, el juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor pidió la solidaridad del Tribunal para evitar que el Senado lo suspenda en sus funciones, una decisión que está por adoptar ese cuerpo en el marco del proceso de juicio político iniciado en su contra.

Moliné sostuvo que el Senado no tiene atribuciones para suspenderlo, y que esta decisión violaría el principio de la división de poderes. Pero según fuentes de la Corte, nadie estaría dispuesto a tenderle una mano.

Formalmente, los jueces acordaron que hasta que no se produzca algún hecho, la Corte no va a abrir la boca. Lo conversaron en la misma mesa donde celebraron el plenario de ayer, luego de que Moliné se retiró del lugar. Pero en voz baja algunos jueces señalaron que no hay antecedentes de que el Tribunal se haya entrometido en la decisión del Senado de suspender a algún juez.

La Cámara alta podría decidir en pocos días la suspensión de Moliné, uno de los miembros emblemáticos de lo que se dio en llamar la “mayoría automática” que acompañó los planteos del menemismo.

La eventual suspensión obligaría a Moliné a dejar su despacho, sin goce de sueldo, hasta que finalice el proceso de juicio político. Los fundamentos del proceso abierto contra Moliné son el “caso Macri”, sobre una causa de contrabando y evasión fiscal; el “caso Meller”, sobre un fallo que favoreció el reclamo de un proveedor de la ex ENTel; y una medida disciplinaria aplicada al juez Héctor Magariños.

Por eso en la reunión de ayer Moliné habría tratado de alertar a algunos de sus colegas, que firmaron junto a él esas resoluciones, que la Corte debía responder con espíritu de cuerpo a la “embestida oficial”.

Pero la Corte no se comprometió a nada. Ya lo había hecho con Julio Nazareno, cuando en junio pasado el presidente Néstor Kirchner salió a reclamar por cadena oficial que el Congreso lo destituyera de su cargo. Luego del dictamen en contra de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Nazareno renunció a su cargo, el 27 de junio.

Moliné, en cambio, sobrevivió al dictamen, y dejó que su caso llegara al Senado. Allí, la suerte del ex vicepresidente de la Corte está prácticamente sellada. Sin embargo, Moliné parecía —hasta ahora— convencido de que el número de senadores no iba a alcanzar para votar su destitución.

Ayer, sin embargo, su convicción debe haber flaqueado: buscó sin suerte el apoyo de sus colegas, a quienes les llegó a plantear dos opciones: la de presentar un recurso él mismo ante la Corte para que ésta se pronuncie en contra de la suspensión, o la de pedir un pronunciamiento “espontáneo” del Tribunal.

En la Corte, ayer por la tarde, comenzaron a buscar antecedentes sobre el tema. Entre la jurisprudencia del Tribunal, algunos jueces recordaron un caso similar, el presentado por el juez federal Luis Armando Balaguer.

En 1993, con la firma de los entonces jueces Ricardo Levene, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra, Enrique Petracchi, Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Carlos Fayt (quien votó en disidencia) y el mismo Moliné O’Connor, la Corte evitó pronunciarse sobre la suspensión dispuesta por el Senado al juez Balaguer, y envió el planteo nuevamente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Entre los antecedentes vinculados al tema se mencionaban ayer en la Corte otros casos de jueces suspendidos por el Senado en los que el Tribunal no intervino: Norberto Oyarbide, Guillermo Tiscornia y Francisco Trovato, entre otros. Todo indica que estos antecedentes le jugarán en contra a Moliné.

Fuente: www.clarin.com