La situación es más grave aún cuando, como ocurrió en situaciones recientes, esa conducta es seguida del envío de inconfundibles señales al Procurador General de la Nación para que se interpongan determinados recursos legales, como si este funcionario fuese uno más dentro de la esfera del Poder Ejecutivo bajo su mando.

La designación de funcionarios judiciales probos e independientes, con ser claro está un recaudo indispensable en una República, no es la única herramienta para asegurar que la Justicia trabaje adecuadamente. Si altos funcionarios del Poder Ejecutivo utilizan, respecto de determinados fallos, calificativos de descrédito, si se señala que se trata de pronunciamientos que atentan contra el sentido común, y si ante las críticas a esas manifestaciones, la reacción del Poder Ejecutivo es todavía más airada, el mensaje que se transmite al Poder Judicial en su integridad termina siendo altamente dañino. Simplemente no es sano que, a la hora de dictar un fallo, los miembros del Poder Judicial sientan que lo que han de resolver provocará la ira del Presidente de turno. La investidura presidencial arrastra tras de sí, sobre todo en un sistema de las tradiciones del nuestro, un peso demasiado poderoso como para olvidar la mesura.

Fuente:www.adc.org.ar