Un momentos en que el Gobierno enderezó el rumbo de su política exterior hacia una mayor integración en el ámbito internacional, con la participación en ejercicios militares multilaterales y en operaciones militares definidas por Naciones Unidas, el Congreso avanzó en la adaptación de las normas internas al Estatuto de Roma, por el cual se crea la Corte Penal Internacional (CPI).
Ese tribunal, ratificado por casi un centenar de países de todo el mundo, es una jurisdicción de carácter internacional donde se juzgan crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por ciudadanos o militares de los países que implementen en sus legislaciones los términos del Estatuto Penal de Roma, de 1999.
Jurisdicción
Para que el juzgamiento de los delitos definidos en el estatuto sea operativo, es necesaria la sanción del proyecto de implementación, que ahora está en Diputados. El criterio que adoptaron los senadores fue reproducir los términos de ese tratado en la legislación interna, de forma de evitar que los eventuales crímenes que competen a la CPI tuvieran penas inferiores en el tratamiento local.
De acuerdo con el “principio de complementariedad” que se incluirá en la normativa local, se reconocerá la “obligación primaria” de hacer comparecer ante esa Corte a los autores de crímenes en el ámbito de los territorios nacionales.
Pero, además, el proyecto introduce previsiones en materia del ámbito de aplicación de la ley, ampliando el alcance del Código Penal, sobre el ejercicio de la competencia de los tribunales nacionales. Es decir, se establece el ejercicio de competencia de los tribunales nacionales cuando los crímenes hayan sido cometidos fuera del país, pero en caso de no hacerse, actúa la CPI.
De ser aprobada la norma, la Argentina se ubicaría a la cabeza de los países sudamericanos en cuanto a doctrina internacional, tal cual lo remarcaron varios senadores en sus discursos, el miércoles por la noche, cuando se aprobó por unanimidad.
La Argentina firmó el Estatuto Penal de Roma en 1999, en las postrimerías del gobierno menemista y luego lo ratificó a comienzos del 2001, con la Alianza de Fernando de la Rúa en el poder.
Después de algunos meses de demora en su análisis y de cambios en las comisiones de cabecera, el Senado de la era kirchnerista finalmente le dio media sanción al proyecto de adaptación de la normativa interna a sus términos, algo que, por sí solo, es indicativo de un grado de consenso “horizontal” a las fuerzas políticas, pocas veces visto en la política argentina.
La ley establecerá además las normas de cooperación y los delitos contra la administración de justicia de la CPI. Según detalló el riojano Eduardo Menem –uno de los autores de los proyectos que formaron parte del dictamen– la norma remite directamente al estatuto para establecer las penas, que van de 15 a 25 años, de 3 a 25 años y en caso de muerte, a reclusión y prisión perpetua.
Los senadores coincidieron en recordar que antes de la decisión de crear este tribunal internacional, los casos de crímenes de lesa humanidad eran juzgados por “tribunales ad hoc” como en los casos de Nuremberg y Tokio, o los más recientes, de Yugoslavia y Ruanda, que no contemplaban las adecuadas garantías. “Se trataba de tribunales creados ex post facto, es decir, después de cometidos los crímenes”, detalló Menem.
Además el dictamen estableció de modo expreso la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad y la prevalencia de los principios del derecho penal internacional, en consonancia con la aprobación del tratado en ese mismo sentido, el año pasado, que precedió a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Carlos Sueldo
Fuente:www.infobae.com
