La sanción de la ley que modificará el Consejo de la Magistratura activó las estrategias para resistir la reforma. Los primeros en dar a conocer sus planes fueron los abogados: presentarán una demanda de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo y replicarán su pedido en juzgados federales del interior.

La multiplicación de casos incrementa sus posibilidades de éxito. "Con que un solo juez dicte una cautelar que frene las elecciones [de consejeros] estará cumplido el primer objetivo", dijo ayer a LA NACION un abogado que trabaja contra la modificación del Consejo.

La Asociación de Magistrados también prepara un planteo de inconstitucionalidad que, como los abogados, presentará en el fuero contencioso administrativo tan pronto se promulgue y se publique la ley. Además, estudia la posibilidad de recurrir a la justicia electoral.

Ayer, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que reúne a unas 80 agrupaciones de abogados de todo el país, brindó una conferencia de prensa en su sede de Avenida de Mayo, en la que dio detalles de la presentación que hará.

Se concentrará en atacar tres artículos de la reforma del Consejo: el que establece la nueva composición y los que prevén el modo de elección -por voto popular en comicios generales- de los representantes de jueces, abogados y académicos.

Además, le reclamará al juez contencioso que resulte sorteado para resolver su planteo una medida cautelar que frene las elecciones. En el contexto de ese pedido, solicitará, también, la inconstitucionalidad del nuevo régimen que limita las cautelares contra el Estado. De lo contrario, la medida que pudiera dictarse quedaría sin efecto tan pronto el Gobierno la apelara.

Si reciben un fallo adverso en primera instancia, es probable que intenten un per saltum para que intervenga la Corte. "Está claro que hay una situación de gravedad institucional que habilitaría un salto de instancia", dijo ayer el constitucionalista santafecino Maximiliano Toricelli, a cargo de la estrategia judicial de la FACA.

Ayer se anunció además que, en forma simultánea, "muchos colegios del interior" harán sus propias presentaciones contra la reforma en los diferentes juzgados federales de la provincia. No serán idénticas; es probable que los reclamos tengan distintos alcances, que estarán determinados por las posibilidades que dan los estatutos de cada colegio, indicaron los abogados.

En cuanto a la estrategia antirreforma de los jueces, la Asociación de Magistrados definió que la llevarán adelante los constitucionalistas Alberto García Lema y Enrique Paixao. Uno, jurista de referencia del peronismo; el otro, ex funcionario del gobierno de Raúl Alfonsín. Ambos fueron constituyentes en la convención de 1994, que creó el Consejo.

La Asociación evalúa la posibilidad de hacer una presentación en la justicia electoral, aunque no está claro que ese fuero vaya a aceptar el expediente; podría declararse incompetente. La jueza electoral a nivel nacional es María Servini de Cubría y el fiscal, Jorge Di Lello.

La estrategia de jueces y abogados será acompañada por la oposición. Ayer, un grupo de legisladores nacionales se reunió para acordar un plan común de lucha contra las reformas judiciales.

Patricia Bullrich (Unión por Todos) instó a que el día que se promulgue la ley, a las 11, en todo el país, se presenten amparos simultáneos. Federico Pinedo anunció que Pro irá a la justicia electoral para impugnar la forma de elección de los consejeros que prevé la ley. Dijo que apuntará contra "los trucos para evitar que los partidos políticos puedan presentar candidatos".

Además, dijo que Pro va a publicar en su página web un modelo de amparo para que pueda presentarse ante los juzgados del interior.

"Estamos evaluando la misma estrategia y podemos coordinar el tiempo y la oportunidad para hacer la presentación", dijo el peronista disidente Enrique Thomas. El radicalismo y el Frente Amplio Progresista (FAP) también se sumaron a la campaña. Gerardo Milman ratificó que su agrupación presentará un pedido de inconstitucionalidad contra la ley del Consejo, que se sumará al cuestionamiento que ya hizo contra la limitación de las cautelares.

Todo esto se llevará a la práctica una vez que la nueva ley esté promulgada y publicada en el Boletín Oficial.