La Unidad de Información Financiera (UIF) resolvió solicitar a los letrados defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata de personas, informen el origen del pago de sus honorarios. Esto generó polémica con los profesionales, y el Consejo Superior del Colegio de Abogados de Corrientes, que abarca a todas las circunscripciones de la provincia, ya que rechazaron la decisión del organismo.
El Consejo Superior, integrado por los Colegios Públicos de Abogados de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Circunscripción Judicial de Corrientes, expresó su “profunda preocupación por la medida de reciente implementación de la UIF”. El organismo exige a los defensores de procesados en casos  de lavado de activos, narcotráfico, corrupción y trata de personas informen:  quién les paga sus honorarios profesionales, cuál es el origen de esos fondos, importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional, indicando el número de causa, la fecha y la forma de pago y el nombre de la persona que les abonó o debe abonar dichos honorarios, acompañando toda la documentación respaldatoria correspondiente, sin que los mismos puedan ampararse en el secreto profesional, otorgándoseles a los letrados el plazo de diez días para que rindan dicho informe. La unidad se ampara en la Ley N° 25.246, específicamente en el artículo 14 inciso 1.
Para los abogados, esto implicaría “un claro menoscabo al secreto profesional”. Y señalaron a través de un comunicado que los letrados “no se encuentran contemplados dentro de la nómina de sujetos obligados, que de manera taxativa enumera la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo Nº 25.246, en su artículo  20, por lo que no es deber específico informar operaciones sospechosas a la UIF”.
“El artículo 20 de la ley reseñada establece de manera taxativa los sujetos obligados a dar los informes señalados por el art 14 inciso 1 y que no pueden ampararse en el secreto profesional. Los abogados no se hallan entre ellos así es que ante el requerimiento del organismo administrativo y dada la particular relación del abogado defensor-cliente, los letrados no tienen deber de reportar transacciones sospechosas, si la información relevante se obtuvo en circunstancias que hiciera que aquella estuviera sujeta a secreto profesional”, manifestaron desde el Consejo Superior.
Indicaron que “aquella información efectuada por los abogados respecto de sus clientes, de los que habrían tomado conocimiento el letrado en razón de su vínculo profesional, implica una violación no sólo al principio amplio de la defensa en juicio, sino de los derechos a la privacidad e intimidad de sus clientes, garantías, que deviniendo del artículo 19 de la Constitución Nacional, se plasman en normas específicas como el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación”, entre otras normativas.
El comunicado del Consejo Superior se dio a conocer  el fin de semana, tras su aprobación el miércoles. Previo a ello, el lunes, el directorio del Colegio  de Abogados de la Primera Circunscripción recibió a un grupo de profesionales preocupados por los alcances de la medida de la UIF.
En representación de la entidad colegiada participaron su presidenta, Lilian Sawoczka; la vice María del Luján Molina; y los integrantes del directorio José Cotelo, Luis Llarens, Mercedes Alsina y Julio Fernández. Asistieron a este encuentro los abogados Jorge Barboza, Duylio Barboza Galeano, Diego Missano y Vallejos. Durante el encuentro, los profesionales manifestaron su preocupación por la nueva medida.
“La misión del abogado es la de asistir a la persona que lo llama en su auxilio para que defienda y ampare sus derechos esenciales, garantizándole con su intervención profesional el acceso a un proceso justo y con plena vigencia de las garantías constitucionales y en él el cliente deposita toda su confianza. Por ello hay que evitar que se confunda la actividad del letrado con las conductas del representado”, expresaron desde el Consejo Superior a través de  un comunicado de prensa. Piden, por lo tanto, a la UIF que revea su decisión de solicitar este informe. La medida busca la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.