La Corte Suprema de Justicia dispuso que las empresas de transportes de colectivos deberán llevar a todos los discapacitados hasta el lugar donde deseen ir de forma gratuita.

La disposición del decreto de las leyes que reglamentaban ese derecho fue considerado "inconstitucional" por el tribunal.

Asimismo, se dio lugar a una acción de amparo iniciada por una familia compuesta por dos adultos y dos menores que requerían de acompañantes para movilizarse y que todos presentaban alguna discapacidad para desplazarse por sus propios medios y que se les había negado la solicitud.

En este sentido, todas las empresas de transportes deberán proveer una plaza para discapacitado y una para su acompañante si el servicio cuenta con 54 asientos y, de 2 plazas para discapacitados y su acompañante si el vehículo tiene una capacidad mayor.