La polémica desatada esta semana tras el arrebato que sufrió la intendenta Mónica Fein y que incluyó críticas del gobernador Antonio Bonfatti al accionar de algunos magistrados por rápidas excarcelaciones, sigue generando repercusiones.

Es que el gobernador se había quejado porque el supuesto autor del hecho había ingresado una decena de veces a la comisaría por robos similares y seguía en libertad.

Y ayer, el ministro de Justicia, Juan Lewis, volvió sobre ese punto y destacó que "si hay una causa por un delito sencillo y tiene una demora monstruosa en resolverse, eso no es explicable desde ningún punto de vista jurídico. Y más si hay una reiteración de hechos y ningún funcionario de la persecución penal, en el ámbito judicial, advierte que se trata de la misma persona. Esto también puede ser una torpeza, no ver que hay una persona que reitera delitos".

Ante esto, el Colegio de Jueces Penales y el de Magistrados remarcaron que el reformado Código Penal, en plena implementación, propicia la libertad de los sospechosos y fija la detención como excepcionalidad, y retrucaron de ese modo las críticas.

Además, advirtieron que la "prevención del delito es facultad del Ejecutivo".

Los magistrados le endilgaron al Ejecutivo facultades excluyentes para resolver la problemática y aclararon que las excarcelaciones de sospechosos se conceden de acuerdo a la reforma penal, aprobada recientemente y en etapa de progresiva implementación.

El documento más duro que se conoció fue el suscripto por el Colegio de Jueces Penales de la 2º Circunscripción. "Resulta lamentable advertir explicaciones simplistas y citas a lugares comunes por parte de actores institucionales con responsabilidad primaria sobre una materia tan sensible como la seguridad ciudadana", señala el texto.

Más adelante, el comunicado responde la crítica de Bonfatti a la excarcelación del sospechoso de haber asaltado a la intendenta Mónica Fein, tras 14 detenciones previas. "Todas las leyes implementadas (en Santa Fe), por la unánime decisión de todos los partidos políticos (…) replican sobre el estado de libertad y la absoluta excepcionalidad de su privación. Así se han incorporado plurales institutos en las leyes procesales de la provincia que, tributarios de las garantías constitucionales, aceitan los mecanismos para garantizar la libertad de todo justiciable sobre el que no pesa condena firme", plantearon.

Al final, los jueces penales replicaron la advertencia de la Gobernación sobre eventuales sanciones a jueces por mal desempeño. "La grave problemática de la inseguridad no va a ser transformada con anuncios genéricos de enjuiciamiento de magistrados -quienes sólo actúan cuando el hecho de inseguridad ya se ha producido-, sino a través de la implementación de políticas serias y sostenidas en el tiempo", aseguraron.

Preocupados. Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe (Zona Sur), expresó su "profunda preocupación" ante las declaraciones del gobernador por atribuirle "a la intervención de los magistrados la causa de situaciones de inseguridad". Al respecto, recordaron que "las labores de prevención del delito y el establecimiento de políticas públicas en materia de seguridad son facultades propias del Ejecutivo".

Luego explicaron que "a los jueces les cabe aplicar las leyes vigentes, que no son sancionadas ni promulgadas por el Poder Judicial". En ese sentido apuntaron que "las últimas reformas introducidas en el sistema procesal penal han modificado el antiguo régimen de excarcelaciones, privilegiando el estado de libertad durante la tramitación del proceso, siendo el instituto de la prisión preventiva una excepción".

El vicepresidente del Colegio de Magistrados, Ariel Ariza, fue más allá. "Advierto que en materia de seguridad el Ejecutivo provincial está preso de sus propias contradicciones. Hay una obligación primaria de prevención del delito que corresponden al gobierno provincial. No hay que darle vueltas. La policía depende del Ministerio de Seguridad y todo lo que corresponde a la labor prevencional corresponde a esa órbita", dijo.

A su turno, Lewis admitió que la responsabilidad primaria en la prevención del delito "es del Poder Ejecutivo", pero aclaró que la seguridad "es responsabilidad de todos, y otros poderes del Estado tienen funciones y responsabilidades determinantes".

El funcionario destacó que "la reforma del Código Procesal implica una persecución inteligente, en donde haya un responsable de la política criminal, que disponga qué causas se priorizan. Así va a ser fácil ver si una persona tiene diez hechos delictivos y cuántos se resolvieron".