El proyecto que persigue la creación de un "Registro de Personas Jurídicas", que operará en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sigue a paso firme: esta semana podría tener dictamen de las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña.

Puntos Importantes
El Gobierno porteño avanza a paso firme en la creación de un Registro de Personas Jurídicas que operará en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El organismo tendrá la función de inscribir y fiscalizar el funcionamiento de las sociedades civiles y comerciales
La iniciativa se encuentra a la espera de ser dictaminada por las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la legislatura porteña.

"Sólo falta que las comisiones se expidan y brinden un dictamen de mayoría y minoría para que luego el proyecto sea tratado en el recinto", confirmó a infobaeprofesional.com el legislador porteño Gerardo Ingaramo (PRO).

Así, agregó que los diputados de su partido tienen "la profunda convicción de que la creación del registro de personas jurídicas está en línea con el fortalecimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".

El legislador dijo que la "IGJ Porteña" será una institución moderna y ágil que permitirá hacer trámites en tiempo real para que los inversores encuentren la manera más cómoda de registrar sociedades.

Por otra parte, indicó: "Se advierte que los sectores que están a favor de la autonomía quieren discutir un registro modelo en materia de registración y control societario".

De la misma manera se manifestó el abogado constitucionalista y ex diputado, Jorge Vanossi, sindicado como posible funcionario a cargo de la futura dependencia.

"La iniciativa se encuentra a la espera de un dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales y podría ser tratada por el pleno de la legislatura porteña este mes", sostuvo el constitucionalista.

Precisó que se trata de un registro de personas jurídicas, tal como el que tienen el resto de las provincias, y que la creación de esa dependencia en modo alguno significará "un conflicto con las facultades de la actual Inspección General de Justicia".

El abogado explicó que una de las cuestiones que los legisladores deberán resolver al tratar el proyecto en comisión es si el organismo funcionará como un "ente autárquico o bien dependiendo de algún ministerio".

Marcelo Godoy, legislador por el PRO, dijo, en la misma línea, que el trabajo que se está haciendo en las comisiones tiene como fin acercar las posiciones de todos los
bloques y lograr la sanción de la mejor ley para los intereses de la Ciudad.

Respecto a los principales beneficios de la institución, Godoy destacó que significará un beneficio para todos aquellos, nacionales o extranjeros, que tengan interés en establecer sus empresas o instituciones en esta Ciudad y puedan hacerlo a través de procedimientos sencillos y simplificados, sin tener que lidiar con dificultades administrativas o excesos burocráticos.

Competencia y conflicto en puerta
El Gobierno porteño pretende que este nuevo registro tenga competencia en la inscripción y control de las sociedades civiles, comerciales y fundaciones, que se constituyan en la ciudad.

A esos efectos, Vanossi aclaró que el objeto del proyecto será crear un organismo "más moderno, completamente digitalizado, con mayor agilidad y transparencia en lo referente a la inscripción y control de las personas jurídicas".

Descartó que exista superposición de funciones con la Inspección General de Justicia de la Nación "dado que la inscripción en la futura dependencia porteña sería optativa para las empresas".

Sin embargo, especialistas consultados por infobaeprofesional.com indicaron que, cuanto menos, la creación de este nuevo organismo rozaría la competencia que actualmente tiene la Inspección General de Justicia.

"No pueden existir dos organismos que tengan idéntica competencia y controlen la misma jurisdicción; ya que, en ese caso, habría una superposición de funciones.", sostuvo Daniel Vítolo, especialista en derecho societario y titular de Vítolo & Asociados.

El abogado indicó que, en caso de llevarse adelante la iniciativa, "la actual Inspección General de Justicia quedaría sin competencia", enfatizó.

Las potestades de la IGJ
La ley 22315 -denominada Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia- reglamentó las potestades y funcionamiento de esa dependencia.

Así, establece que este organismo tiene a su cargo las funciones atribuidas por la legislación relativas al Registro Público de Comercio, y la fiscalización de las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.

La ley establece que la dependencia desarrollará su labor en el ámbito de la Capital Federal. Por tanto, y teniendo en cuenta que la Ciudad persigue la creación de un organismo que cumpla idéntica función, los especialistas sostienen que existiría superposición de competencias.

De esta manera, el Gobierno de Macri intenta reforzar la autonomía de la Ciudad; algo que, de momento, resulta un tanto "esquivo" a su administración si se tiene en cuenta el hasta ahora frustrado traspaso de la policía y la administración de puertos.