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Masivas sanciones e imputaciones a empresas de telefonía de todo el país

El Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), a través de la Subsecretaría de Comercio Interior, informó a las autoridades provinciales de Defensa del Consumidor sobre la notificación realizada el pasada lunes contra las empresas de celulares, telefonía fija e Internet en cada jurisdicción.

Son 950 imputaciones por transgresiones a la Ley Nacional N° 24.240 y alrededor de 320 sanciones basadas en la misma legislación contra las empresas que operan a lo largo del país.

Desde el Organismo calificaron este hecho como "inédito", dado que se produjo luego de una decisión coordinada y conjunta del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), que nuclea a todos los responsables provinciales en la materia y que, hace más de tres años vienen advirtiendo a las empresas telefónicas acerca de la necesidad de solucionar los problemas que se le originan a los consumidores de esos servicios, como consecuencia de la mala atención al cliente en los centros de referencia.

En numerosas oportunidades, el COFEDEC manifestó su preocupación por la considerable incidencia (entre el 30 y el 50%), que en el total de las denuncias recibidas por los entes administrativos provinciales, se adjudican las empresas prestadoras del servicio de telefonía.

Si bien cerca del 75% de esas denuncias que mayoritariamente responden a problemas en la facturación y funcionamiento del servicio son resueltas en audiencias de conciliación, el resto, generalmente culmina con fuertes sanciones a las empresas.

Incluso durante el año 2012, una Provincia llegó a clausurar un Centro de Atención al Cliente por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

No obstante ello, aseguraron que los niveles de demanda por parte de los usuarios no han disminuido y las oficinas provinciales se han convertido en virtuales Centros de Atención al Cliente de las empresas.

Por tal motivo, el COFEDEC tomó la decisión de notificar los trámites pendientes, en todos los distritos en forma simultánea, para poner de manifiesto la presencia del Estado en la defensa de los derechos de los usuarios y promover la toma de conciencia de quienes brindan el servicio, a efectos de prevenir los inconvenientes que provocan como resultado de su ineficiente accionar.

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