La idea de aplicar con progresividad territorial el nuevo Código Procesal Penal en la provincia empieza a ser archivada. La propuesta había sido desarrollada por el gobierno anterior, que había llegado a sugerir que la ciudad más propicia para arrancar con la experiencia piloto era Rafaela. Sin embargo, el titular de una de las instituciones que asesora al gobierno de Santa Fe en este tema, advirtió sobre la inconveniencia de aquel criterio.

"La aplicación progresiva territorial genera muchos problemas. Es preferible generar un proceso de aplicación progresiva pero por tema", dijo ante la consulta de El Litoral Alberto Binder, representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Binder estuvo ayer con Hermes Binner, y con los ministros de Justicia, Héctor Superti, y de Seguridad, Daniel Cuenca, para analizar aspectos y coordinar acciones vinculadas con la instrumentación de la oralidad en Santa Fe. Tras la audiencia y en diálogo con la prensa, el especialista dejó sentada su posición.

"La aplicación (del nuevo Código) siempre va a ser progresiva porque vamos a tener mil personas trabajando de un modo distinto. Pero hay formas más eficientes de organizar esa progresividad sin apelar a lo territorial. Eso genera muchos problemas porque una parte de la provincia va a estar regida con un sistema y la otra parte, con otro. Me parece que esto trae varios problemas y no siempre termina siendo el modo más eficiente para trabajar", insistió.

Su sugerencia es aplicar una "progresividad temática", que implique una metodología más "racional".

¿Resistencia?
Según Binder, "hay funcionarios (judiciales, en este caso) que cuando tienen que asumir cambios tan profundos (como la oralidad), pueden decidir que ya no tienen ganas de enfrentar la capacitación y adaptación que se necesita". Sugestivamente, en el Poder Judicial de la provincia se está dando una situación que el propio Superti calificó como "no habitual, a partir de la gran cantidad de jueces que están pidiendo su jubilación". Según había estimado el ministro, entre vacantes ya existentes y las que se producirán, suman prácticamente "la tercera parte de funcionarios del Poder Judicial".

Consultado por este diario, Binder admitió que el sistema oral demanda una manera distinta de trabajar. "En general, no es sólo la oralidad -aclaró-, sino un modo de trabajo diferente, más transparente, más expuesto, más rápido y que obliga a un cambio". A su criterio, "no está mal que procesos de cambio de este tipo tengan también un cambio generacional, que además -opinó- es muy útil y muy bueno para oxigenar los sistemas judiciales".

El especialista también relativizó la incidencia del presupuesto en el éxito del cambio del Código, ítem que con recurrencia es planteado por el Poder Judicial.

"Por la experiencia que tenemos nosotros de trabajar en países con condiciones mucho más adversas que Argentina o Santa Fe, el nuevo Código no es un proyecto que esté lejos de las posibilidades reales de esta provincia", expresó.

Aporte del Inecip
Como directivo del Inecip, Binder valoró el cambio en la provincia.

"Nuestra institución está colaborando con este enorme proyecto de reforma y creación de una Justicia penal moderna, que viene a saldar una antigua deuda que la provincia mantenía por contar con uno de los sistemas más atrasados del país. Ahora ha comenzado a construir un sistema que, esperamos, sea uno de los más modernos para poder responder a las necesidades de la población".

El especialista advirtió que hoy, la criminalidad presenta características diferentes y está organizada. "Tiene estructuras de mercados complejas y nosotros seguimos oponiéndonos a ellos con esquemas que son muy antiguos", alertó.

El Instituto aportará a Santa Fe sus investigaciones sobre gestión en tribunales, sobre modernización administrativa y sobre un nuevo sistema de atención a las víctimas, que derivarán de la instrumentación del nuevo código.

"Ya tenemos una experiencia de desarrollo de estas políticas, entonces, nuestro trabajo es acercar estas experiencias, ideas y evaluaciones de lo que se hizo en otro lado, para evitar que se cometan errores o que se desarrollen materiales que ya se desarrollaron en otra parte. Pretendemos asesorar y vincular a la provincia con todos los trabajos que hoy se están haciendo en otros países, porque ésta es una preocupación que hoy tiene casi todo el continente", concluyó.

Infraestructura

Alberto Binder borró la cuestión edilicia de la lista de obstáculos para aplicar el nuevo Código. "La infraestructura puede prepararse fácilmente porque hay que adecuar edificios que, según me informaron, ya están en obra. Este no es un problema central", aclaró. "En estos procesos de cambio -sostuvo- no podemos soslayar que hay que reparar viejas deudas y olvidos porque en general, la administración de Justicia ha tenido un desfinanciamiento histórico en el tema de infraestructura. Pero hay construcciones en marcha y pareciera que esto no va a ser un problema", insistió.