Desde mañana, el juez Marcelo Martín Bailaque estará al frente del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, donde se investigan la mayoría de las causas vinculadas a la represión ilegal en la región durante la última dictadura militar. El nuevo magistrado, quien fuera juez de instrucción en Caleta Olivia, Santa Cruz, llega a la ciudad por concurso y reemplazará al juez subrogante Germán Sutter Schneider. Organismos de derechos humanos locales se mostraron expectantes ante el recambio de juez, aunque lo consideraron "perjudicial porque va en detrimento de la celeridad de los juicios" contra los represores.
Bailaque es el cuarto juez que toma las riendas de las causas que se siguen en el Juzgado Federal Nº4 de Rosario vinculadas al terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 desde la reapertura de las mismas en 2003, año en el que el Congreso de la Nación anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Primero fue el juez Omar Digerónimo, luego Carlos Vera Barros y en setiembre de 2005 Sutter Schneider asumió como juez subrogante. Ese mismo año, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las "leyes de la impunidad".
"Para nosotros el recambio de juez en estas causas es altamente perjudicial, porque va en detrimento de la celeridad de los juicios. Además, tuvimos que pasar por varios cambios de secretarios y empleados de juzgados, situación que retrasa las investigaciones. Estas son causas muy complejas, voluminosas, que requieren de un estudio cuidadoso. Así que el nuevo juez necesariamente deberá tomarse un buen tiempo para leerlas", opinó Ana Oberlin, abogada de la agrupación Hijos Rosario.
"Esperamos poder tener una relación cordial con el juez Bailaque y que ajuste la resolución a derecho, que trabaje de acuerdo a lo que indica la ley. No pedimos nada raro, sólo que los responsables de los graves delitos de lesa humanidad vayan presos", continuó Oberlin en diálogo con este diario, al tiempo que indicó que desde Hijos le pedirán una audiencia al flamante magistrado que asume el viernes.
Al conocerse la designación por concurso del juez Bailaque al frente del Juzgado Federal Nº 4, desde la Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos recordaron que el magistrado que llega a Rosario estuvo señalado como "responsable de varios casos de criminalización de la protesta en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. "Si bien el alejamiento de Sutter Schneider siempre ha sido nuestro objetivo, ya que su padre Eduardo fue funcionario de la dictadura genocida santafesina entre 1981 y 1983, y puede ser un futuro imputado en las causas, el régimen sigue siendo tan perverso como para que nos mantengamos sin bajar la guardia. Esta designación (por la de Bailaque) es sin duda una prueba contundente de eso".
En la misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe en 2004 donde responsabilizó al juez Bailaque, en ese momento al frente del Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, "por la detención y privación ilegítima de la libertad agravada de 250 personas, en su mayoría mujeres", que reclamaban trabajo el 19 de agosto de aquel año, "con utilización innecesaria de la fuerza" por parte de la policía de esa ciudad sureña.
Si bien en el Juzgado Federal Nº4 de Rosario se siguen la mayoría de las causas sujetas a la represión ilegal en la región, las investigaciones más resonantes son las denominadas causas Feced y Quinta de Funes. La primera es un megaexpediente de casi 50 mil fojas que lleva el nombre de quien condujo los destinos de la Policía provincial durante los años de plomo -el ya fallecido comandante de Gendarmería Agustín Feced-, acusado de cometer 270 delitos de lesa humanidad.
La segunda, investiga lo actuado en el centro clandestino de detención conocido como Quinta de Funes, donde se torturó y se asesinó a quince militantes montoneros. Esta causa, vale recordar, fue elevada a juicio oral en noviembre del año pasado, y, según opinaron desde Hijos Rosario, su proceso judicial no se verá afectado por la llegada del juez Bailaque porque "ya se dictó la clausura de la instrucción y fue remitida al tribunal oral".
Piden que la Justicia cite a represores
El concejal Juan Rivero y el militante Ramón Verón, querellantes en la causa conocida como Fábrica Militar Domingo Matheu y patrocinados por las abogadas Gabriela Durruty y Valeria Rosso Ponce, del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, solicitarán hoy en el Juzgado federal Nº 4, todavía a cargo de Germán Sutter Schneider, que se le tome de declaración indagatoria a los represores teniente coronel Marino González, teniente Rodolfo Riegé, Rodolfo Isachs, Ariel Porra, Ariel López, Iberto Pelliza Francisco Scilabra, Jorge Cabrera (alias Barba) y Jorge Pérez Blanco. La solicitud surge en el marco de las declaraciones vertidas semanas atrás por el represor Eduardo Tucu Constanzo, donde prendió el ventilador y apuntó contra sus ex colegas. Además, los querellantes pedirán una audiencia con Marcelo Bailaque, juez que se hará cargo de dicha causa a partir del viernes.
