La medida llegó tras una demanda iniciada por dos menores con representación de sus padres y un centro privado de Rosario que preserva la sangre de los cordones umbilicales de los recién nacidos. Cuestionaron al Incucai por que "expropia" los tejidos y "atenta contra el derecho a la salud de los niños como potenciales beneficiarios" ante una eventual enfermedad.

La resolución 69/09 del Incucai dispuso que las células madre extraídas del cordón umbilical del recién nacido serán de uso público. Pero se generó una polémica, ya que en el país casi todos los bancos de preservación son privados y para el exclusivo uso de quienes optaron por criopreservar las células del cordón de sus hijos al nacer.

A raíz de la medida del Incucai, esas células pasaron a integrar el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.

En el país existe desde 2005 un solo banco oficial de preservación de células madre, que funciona en el hospital de pediatría Juan Garrahan, de Buenos Aires. Se estima que allí están criopreservados alrededor de 1.700 cordones umbilicales. En el ámbito privado, en tanto, son ocho los bancos de células madre que hay en el territorio nacional.

La sangre de las células madre es utilizada para trasplantes y el tratamiento de enfermedades como leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, anemia aplástica severa y déficits inmunológicos, entre otras.

Polémico. La medida cautelar fue presentada por un instituto privado de Rosario que tiene un banco de criopreservación y dos menores de edad con representación de sus padres.

"La presentación se hizo porque la resolución del Incucai viola el derecho a la salud de estos niños, que son genéticamente los propietarios del cordón ante una eventual enfermedad. Es inconstitucional porque viola el interés superior del niño, tutelado expresamente en los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional", explicó el abogado Nicolás Mayoraz, quien impulsó la demanda.

Cuando los adultos deciden preservar el cordón umbilical de un bebé, lo hacen sustentados en la hipótesis de que la células responderán ante posibles enfermedades que pudiera sufrir el niño o sus familiares. Por ello se paga por la extracción y el mantenimiento anual en la cámara de frío. "Jurídicamente es un contrato de depósito", amplió el profesional.

La medida cautelar se presentó la semana pasada ante la jueza federal de Rosario, Silvya Aramberri, quien el lunes dictó una resolución.

Así, hizo lugar a la solicitud de la clínica y los padres y, de modo inédito -hubo presentaciones a nivel nacional pero sin una resolución de estas características- dispuso que se suspendiera el registro público de células madre hasta que se dicte una sentencia definitiva y se resuelva la cuestión de fondo.

"Este es un amparo de puro derecho que debería tener una resolución definitiva rápida. Se violenta la voluntad tanto hacia atrás, de quienes ya preservaron los cordones y ahora deben ponerlo en un banco público, como de los que a partir de la reglamentación solamente pueden criopreservar si lo hacen en el registro público", se explayó Mayoraz.

La cámara argentina que nuclea a los centros privados de criopreservación ya se había manifestado en contra de la medida adoptada por el Estado. Lo concreto es que ahora la disputa deberá dirimirse en la Justicia.