El lunes se inicia el juzgamiento a cinco represores, ex integrantes del II Cuerpo de Ejército, responsables de crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención conocidos como Quinta de Funes, La Intermedia, La Calamita y Fabrica Militar Domingo Matheu.

Los imputados son el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Amelong y los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes están alojados en el penal bonaerense de Marcos Paz.

El Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF 1) estará integrado por los jueces Otmar Paulucci, Jorge Venegas Echagüe y Beatriz de Barabani.

Los acusados enfrentan los cargos de secuestro y torturas cometidos contra 28 personas, y los homicidios de 17 de ellos cuyos cuerpos continúan desaparecidos. Además, esos mismos represores están procesados por el delito de "apropiación de menores" en la Justicia Federal de Entre Ríos, por el caso de una de las detenidas que estaba embarazada de mellizos, y que fuera llevada a dar a luz a Paraná antes de ser desaparecida.

En la causa caratulada «Guerrieri, Pascual y otros sobre privación ilegal de la libertad…» expediente Nº131/07 (y acumulado Nº42/09) declararán alrededor de 90 testigos, y se prevé que las audiencias se extiendan durante unos cuatro meses.

La semana de inicio del debate se destinará a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, cuestiones preliminares e indagatorias para los imputados. Para la producción de la prueba se prevé comenzar por la testimonial, "a cuyo fin se confeccionará un cronograma provisorio de testigos".

Juicio y Castigo Rosario es un espacio formado por sobrevivientes de la última dictadura, querellantes y testigos en las causas contra los responsables del terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos como Madres de Plaza 25 de mayo, Familiares, APDH, MEDH e Hijos, y un gran número de agrupaciones sociales, gremiales y estudiantiles que están impulsando la campaña "Los juzga un tribunal, los condenamos todos", que tiene por objeto lograr que "los juicios orales y públicos contra los genocidas, no queden encerrados entre las paredes de los tribunales sino que sean verdaderamente públicos", aseguraron desde ese colectivo.