Luego de un extenso debate legislativo, con 23 votos a favor, 7 en contra y una abstención se sancionó la Ley que posibilita aplicar la modalidad de jurados en los juicios orales del fuero penal. La norma tiene 100 artículos en total y el objetivo de sumarse a lo propuesto por la Constitución Nacional.  Según la ley sancionada “deberán ser juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurran” los delitos que tengan prevista en el Código Penal la pena de reclusión o prisión perpetua, homicidio por emoción violenta, agresión seguida de muerte, homicidio en ocasión de robo y  los delitos contra la integridad sexual. La integración del tribunal con jurados en estos casos es obligatoria e irrenunciable.

Según publicó Diario Chaco, el jurado estará integrado por doce miembros titulares y, como mínimo, por dos suplentes y será dirigido por un solo juez penal. El juez podrá ordenar que haya más suplentes de acuerdo a la gravedad o complejidad del caso. El panel de jurados titulares y suplentes deberá estar siempre integrado por mujeres y hombres en partes iguales.

Además, la ley tiene previsto contemplar la pluralidad cultural. “Cuando se juzgue un hecho en donde el acusado y la víctima pertenezcan al mismo Pueblo Indígena Qom, Wichi o Mocoví, el jurado titular y suplente estará obligatoriamente integrado en la mitad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia”, dice la publicación.

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) felicitó a la provincia de Chaco por la implementación del sistema de enjuiciamiento acorde al diseño constitucional. “La ley de jurados de Chaco -cabe aclarar- puede ser catalogada como la mejor ley de jurados del país, ya que no solo contempla un modelo clásico, sino que, además, en su redacción se han podido capitalizar las auspiciosas experiencias neuquina y bonaerense con el sistema.

El proyecto que -con algunas modificaciones- se convirtió en ley fue presentado por el gobernador Jorge Capitanich, quien para su redacción contó con el apoyo de la AAJJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).