Santa Fe.- Los ex funcionarios del ministerio de Gobierno, Lorenzo Domínguez -ex titular de la cartera- y Enrique Alvarez, quien estuvo al frente de la subsecretaría de Seguridad Pública, lograron sortear sin mayores inconvenientes el primer escollo judicial en la investigación de la trágica represión policial durante el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre en la ciudad de Rosario al obtener la falta de mérito en una causa donde se los acusaba por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La resolución fue dictada por el juez correccional Roberto Reyes, quien consideró que no se reunieron pruebas suficientes para procesar a los ex funcionarios de cartera política, pero tampoco para desvincularlos definitivamente de la investigación judicial. El magistrado coincidió con las manifestaciones ya realizadas por ex jefes de policía de Rosario y Santa Fe, quienes señalaron que no habían recibido órdenes para reprimir.

Según explicó el fiscal número 2, Ricardo Favaretto, quien no apelará la resolución del juez Reyes, “la falta de mérito no es una sentencia sino una medida procesal que no implica el cierre definitivo de la investigación ya que no obsta a que se sigan desarrollando nuevas diligencias, además de que ésta es un desprendimiento parcial de la causa principal por los homicidios que se sustancia en Rosario”.

El expediente en el cual recayó la falta de mérito una causa conexa que fue derivada por una acordada de la Corte Suprema de Justicia basada en cuestiones de jurisdicción al tribunal con sede en la ciudad de Santa Fe. La causa principal en la que se investiga la responsabilidad por los homicidios ocurridos como consecuencia de la represión policial sigue siendo tramitada por el juez de instrucción rosarino Osvaldo Barbero.

El alto tribunal resolvió que sea el juez Reyes, y no su colega rosarino Juan José Alarcón que sustanció inicialmente la causa y luego la derivó a Santa Fe, el que debía determinar los niveles de responsabilidades políticas en la intervención policial.

Fuertes contradicciones

La investigación se motivó en la flagrante contradicción entre los responsables políticos de la seguridad pública y la policía en relación a las órdenes sobre el control de los desmanes registrados entre el 19 y 21 de diciembre de 2001. Durante los hechos de violencia fueron asesinadas a balazos siete personas en Rosario y una en Santa Fe. El conflicto surgió porque el entonces ministro Domínguez destacó haber dado a la policía órdenes precisas de intervenir preservando las vidas de los ciudadanos y luego los bienes de los mismos. En cambio todas las unidades regionales provinciales, incluidas las de Rosario y Santa Fe, sostuvieron a través de sus máximos jefes no haber recibido orden alguna. El juez correccional Roberto Reyes interpretó en la resolución que “no se desprende que las autoridades políticas hayan emitidos órdenes distintas y especiales al respecto de las generales de reprimir según las circunstancias”.

En rigor la pesquisa judicial estuvo orientada a determinar si los efectivos de la Unidad Regional II que participaron de la trágica represión contaban con pertrechos y municiones antitumultos y si fue necesaria una orden impartida desde la cartera política o directamente de los jefes policiales oportunamente involucrados en los sangrientos episodios.

Y en ese marco el magistrado consideró que los “jefes policiales de alta jerarquía que fueron sobreseídos (oportunamente imputados por el juez Alarcón): dos comisarios mayores, un comisario principal y un comisario, deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales de un médico como el entonces ministro de Gobierno, Domínguez o de un licenciado en Ciencias Políticas como el subsecretario de Seguridad Pública, Alvarez”.

En los fundamentos de su resolución, el magistrado correccional de Santa Fe también trajo a colación un párrafo de la declaración prestada por el ex ministro Lorenzo Domínguez ante el juez de Instrucción Barbero, respecto de las órdenes impartidas desde la cartera política encomendando “respetar a ultranza la vida humana y garantizar el derecho a la protesta. Sin perjuicio obviamente de que ante excesos como realmente se produjeron, mediante disturbios violentos y saqueos, se reprimiera según las órdenes generales para tales circunstancias”.

Fuente: www.lacapital.com.ar