La juez federal María Servini de Cubría resolvió habilitar la feria judicial de enero para dar curso a la denuncia presentada por Cancillería sobre irregularidades en la importación de autos para diplomáticos.

La causa, que está radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide, quedó en el receso judicial de verano a cargo de su colega María Servini de Cubría, quien a pesar de que la cuestión no es un tema de los que ameritan la habilitación de feria decidió mover el expediente y le dio vista al fiscal Luis Comparatore.

Pero antes buscará determinar si la causa es competencia de su fuero o de la Corte Suprema de Justicia, según informaron fuentes judiciales.

Esto es así porque, según las fuentes, en los ilícitos estarían involucrados cónsules, una categoría que da inmunidad diplomática por lo cual sólo podrían ser investigados por el máximo tribunal de país.

Para ello Comparatore buscará establecer si los sospechosos tienen todavía ese cargo o están retirados, algo que pedirá dilucidar a Servini de Cubría junto a una batería de medidas de prueba en las que trabaja la fiscalía. Según los investigadores podría encuadrarse el ilícito dentro de los delitos de "contrabando" e "incumplimiento de deberes de funcionario público", según publicó Infobae.com.

El dictamen fiscal estará listo para ser presentado mañana ante Servini de Cubría, quien deberá resolver si accede a los pedidos, envía el expediente a la Corte o retiene la investigación en el fuero federal.

La denuncia penal presentada por Cancillería, de un millar de carillas, abarca un muestreo de 86 automóviles importados sobre un total de 900 ingresados al país con franquicia diplomática entre 2004 y 2006.

La voz de Echegaray
El director general de Aduanas, Ricardo Echegaray advirtió que las personas involucradas en la importación de automóviles mediante una maniobra con franquicias diplomáticas para ingresar al país libres de impuestos podrían enfrentar penas de "hasta diez años de prisión".

Echegaray formuló estas declaraciones luego de que la Cancillería argentina presentara una denuncia penal ante la Justicia para saber si los coches que ingresaban sin impuestos al país eran luego comercializados en el mercado doméstico.

"Este no es un simple delito federal donde hay que investigar a la persona que otorgó las licencias en la Cancillería. Aquí hay una situación de contrabando, por lo que pueden enfrentarse penas de hasta diez años de prisión", afirmó el director de aduanas.

Al evaluar las irregularidades detectadas en el seno de la Cancillería con el otorgamiento de franquicias diplomáticas para la importación de autos libres de impuestos, el funcionario advirtió que tanto quienes "gestionaron la licencia" fraudulenta para la importación como quien hizo "uso de estos vehículos", estarían involucrados.

Echegaray, en declaraciones a radio 10, estimó que en las importaciones de esos automóviles se evadió hasta "un 58 %" del valor.