Un proyecto para introducir una profunda reforma en la ley de Defensa del Consumidor fue presentada hoy en la Cámara de Diputados por funcionarios nacionales, provinciales y representantes de entidades del sector.

La reforma no cuenta con el aval del Poder Ejecutivo, pero los legisladores de la comisión que preside Stella Maris Córdoba (PJ-Tucumán) piensan seguir con el análisis de las modificaciones.

La iniciativa fue presentada con la presencia de la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, quien aseguró que con los cambios se apunta a “lograr un mayor respeto al consumidor” por parte de las empresas.

Los legisladores peronistas de la Comisión, además, deberán defender el proyecto de reforma de la ley 24.240 ante la mesa del bloque, reconoció un diputado oficialista.

Al no contar con el aval del PEN o de algunos de sus principales ministros, el proyecto tomará estado parlamentario a partir de que los diputados lo hagan propio, ya que no ingresó formalmente por Mesa de Entradas de la Cámara.

De la presentación también participaron el director del área oficial, Carlos Vanella; el presidente del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Jorge Berten, y el director de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Miguel Fortuna, entre otros representantes de asociaciones dedicadas al tema.

El eje de la reforma: impedir prácticas abusivas

Entre los principales contenidos de la reforma figuran artículos que “impedirán prácticas abusivas de las empresas contra los consumidores, se incorpora la figura del daño punitivo o daño civil por un servicio mal dado y la gratuidad de las presentaciones judiciales”, precisó Vanella, al explicar el proyecto a los diputados.

También se aclara en la iniciativa que serán los jueces, tras una presentación judicial, los encargados de fallar en los conflictos entre empresas y consumidores y se baja el mínimo de 500 a 100 pesos, mientras que tope máximo será de cinco millones de pesos, en los casos de sanciones para las empresas que no asistan a las audiencias de conciliación.

Con lo obtenido de las multas se destinará a conformar un fondo especial de educación al consumidor, en lo que concierne a sus derechos.

También se hizo saber que en países del Mercosur existen legislaciones destinadas a proteger al consumidor y, en ese sentido, se puso como ejemplo a Brasil, “donde hay normas que protegen a los sectores de menos recursos económicos”.

El diputado socialista Héctor Polino aseguró que la reforma proyectada es “muy buena”, pero advirtió que si “no tiene el aval del Poder Ejecutivo, habrá problemas”, en alusión a que en caso de aprobarse en las dos cámaras el presidente Néstor Kirchner podría “vetar” esas modificaciones.

Por su parte, la diputada Rosana Bertone (PJ-Tierra del Fuego) aseguró que los integrantes de la Comisión “toman el compromiso para firmar el proyecto y además aprobar un dictamen”.

Fuente:www.infobaeprofesional.com