"¿Cómo que vendí mi casa?", preguntó Martín Fuertes, de 33 años, quien vivía en Sarmiento 75, de Martínez.

"Sí, Martín. En lo papeles figura que vendiste tu casa. ¿Dónde está la plata?", replicó su amigo Esteban.

"Yo tengo 300 pesos y nunca vendí mi casa", respondió Martín.

A Esteban le llevó tan sólo unos segundos comprender que a su amigo lo habían estafado; que, aconsejado por un abogado y un agente inmobiliario, a cambio de 300 pesos, había firmado poderes de venta en favor de ellos y que había perdido la casa en la que vivió con sus padres.

En el barrio, los vecinos conocían a Fuertes como "el 22" o "el loquito". Carecía de posibilidades de conseguir trabajo y tenía apremios económicos. Sus amigos lo ayudaban con comida.

Los peritos psicólogos que lo revisaron concluyeron que le resultaba muy difícil tomar decisiones y necesitaba siempre del consejo de los demás. Su personalidad lo hacía muy vulnerable y no sabía lo que firmaba.

Luego de una investigación judicial encarada por una fiscalía de San Isidro se determinó que el letrado y el operador inmobiliario vendieron la misma propiedad en cuatro oportunidades. Por las cuatro ventas, los acusados cobraron 135.000 dólares, 155.000 dólares, 300.000 pesos y 125.000 dólares.

Según fuentes de la investigación, tanto el letrado como el agente inmobiliario formarían parte de una agrupación de abogados que aparecen en la mira de la Justicia sospechados no sólo de estafas sino también de engañar a sus clientes.

De acuerdo con la pesquisa, los abogados investigados, en lugar de defender los intereses de sus clientes, se ponían de acuerdo entre las partes para perjudicar a uno de los demandantes le hacían perder el juicio y luego se repartían los jugosos honorarios entre ambos letrados.

Fachada

Actualmente, en los tribunales de San Isidro se instruyen dos causas contra letrados acusados de las mencionadas maniobras. Dos de los imputados actuarían bajo la fachada de la Asociación de Abogados Penalistas de San Isidro, entidad que no tiene personería jurídica y que, según pudo establecer LA NACION, no tiene nada que ver con el Colegio de Abogados de San Isidro.

Por su presunta responsabilidad en la maniobra en perjuicio de Fuertes, figura como imputado el abogado Claudio Sánchez y el agente inmobiliario Luis La Rocca.

Mientras que por otro hecho, en el que un hombre que había sido secuestrado por tres policías denunció que su abogado habría arreglado con el defensor de los uniformados no llevarlo ante la fiscalía a cambio de repartirse los honorarios, la Justicia acusó al letrado Rubén Jones como supuesto responsable de los delitos de extorsión y prevaricato.

Tanto Jones como Sánchez serían socios. Mientras que las dos causas en las que se los investiga están en manos de los jueces de Garantías Orlando Díaz y Diego Martínez, quienes deberán decidir si los someten a juicio.

Jones es muy conocido en San Isidro. Fue defensor del jefe de la comisaría 1a. de San Isidro, quien había sido detenido en enero de este año acusado de extorsión, y de Mario Ochoa, el chofer de un transporte escolar condenado por abusar de un grupo de chicos con sus capacidades mentales disminuidas.

En febrero de 2007, Jorge Botto, un vecino de San Isidro, denunció haber sido secuestrado por tres policías de la comisaría de Martínez. Esos uniformados fueron a buscar a Botto a raíz de una denuncia que había presentado otro vecino, de quien sólo se conoció su apellido: Sfreddo.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores de la Gendarmería, Sfreddo denunció a Botto por una supuesta estafa y, aparentemente, los policías lo habrían secuestrado durante unas horas y le habrían exigido la devolución del dinero para soltarlo.

Entonces, a pesar de no contar con recursos económicos, Botto recurrió al abogado Jones para que impulsara la acción penal contra los policías. A su vez, Jones reclamaba a Sfreddo el pago de 10.000 pesos por haberlo representado en un juicio comercial. Así fue que, según fuentes de la investigación, el letrado habría pedido a los policías que le cobraran la deuda que Sfreddo tenía con él a cambio de no presentar a Botto en la audiencia de acusación. Dicha conversación fue grabada y Jones terminó procesado por supuesta extorsión y prevaricato.

Por Gustavo Carabajal