El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, le pidió ayer a la Corte Suprema que suspenda los remates contra deudores hipotecarios hasta tanto el Gobierno defina un mecanismo concreto para evitar las ejecuciones. Casi al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció una posible solución para el tema: dijo que se planea crear un fondo que financie estas deudas.
El tema se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. Luego del enojo del FMI por las sucesivas suspensiones a los remates, la Casa Rosada se habría comprometido a no hacer nada más al respecto.
Mondino fue recibido ayer a la mañana por el presidente de la Corte, Carlos Fayt, con quien conversó durante unos 40 minutos. Su presentación busca que el Tribunal suspenda “por el plazo de 60 días todos los procesos judiciales en los cuales se estén ejecutando créditos hipotecarios.”
Fuentes judiciales consultadas por Clarín confiaron que la Corte tomó nota del pedido del Defensor del Pueblo. Pero que la regla del Tribunal es intervenir sobre expedientes puntuales, no sobre requerimientos genéricos como éste. Mondino argumentó que, ante la falta de una causa concreta sobre la cual resolver, la Corte debería apelar a sus “poderes implícitos” y ordenarles a todos los juzgados donde haya ejecuciones en curso que los trámites se deben frenar.
Las ejecuciones hipotecarias estaban suspendidas hasta el 2 de setiembre pasado: ese fue el plazo fijado por la ley 25.737, que —a su vez— estiró los límites fijados por normas que se vienen sancionando desde febrero de 2002. Llegado el 2 de setiembre, los bancos que son titulares de créditos hipotecarios otorgaron voluntariamente una prórroga hasta el 2 de octubre próximo.
Este nuevo aplazamiento —hasta dentro de 12 días— no fue formalizado. La Asociación de Deudores Argentinos (ADA) denunció que, a pesar de la promesa, desde distintos bancos avanzaron sobre 50 ejecuciones.
Según cifras de ADA, los deudores hipotecarios son 56 mil en todo el país; de ese total, 13 mil están inscriptos en un registro que abrió el Gobierno para titulares inmobiliarios en riesgo de perder su vivienda única. Los montos adeudados por esos 13 mil empadronados son de alrededor de 550 millones de pesos.
Fuentes oficiales precisaron que ya se abrió una discusión en un sector de la bancada justicialista de Diputados sobre la posibilidad de destinar una partida del presupuesto de 2004 para la cancelación de estas deudas. El jefe de Gabinete aseguró que, la semana próxima, el Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso.
La idea que Fernández trabajó con el Ministerio de Economía es la siguiente: crear un fondo fiduciario que les compre a los bancos los créditos en mora y que el Estado refinancie a los deudores.
“La solución tiene que ser política. El Gobierno dijo que los deudores hipotecarios no nos teníamos que preocupar, pero nos sentimos engañados porque nadie le da una situación real al problema”, sostuvo Hilda Gumprich, vocera de ADA.
El Defensor del Pueblo, en cambio, puso la mira en la Justicia. “De no intervenir la Corte conforme se peticiona, quedarían en estado de desamparo un conjunto importante de personas que perderían sus viviendas antes de que se concrete la solución predicada por el Poder Ejecutivo Nacional”, manifestó en su escrito, al que tuvo acceso Clarín. También subrayó el derecho constitucional a la protección integral de la familia y el acceso a una vivienda digna.
De los 50 remates que se programaron luego de vencido el plazo del 2 de septiembre, algunos se suspendieron con la movilización de otros deudores y de vecinos de distintas zonas. Mondino citó el caso de Hugo Silva, un licenciado en administración de empresas de la localidad de Florencio Varela (ver aparte).
Luego de las primeras suspensiones de este tipo, el Gobierno creó —en julio— un Registro de Deudores Hipotecarios; los inscriptos en esa suerte de padrón serían los beneficiarios del proyecto de refinanciación oficial.
Fuente: www.clarin.com
