Un plenario de Asociaciones de Defensa de Usuarios y Consumidores de todo el país para evaluar las acciones tarifarias de algunas empresas privadas de medicina prepaga, fue concluyente: cada vez más firmas aumentaron la cuota o envían notificaciones a sus afiliados sobre incrementos del 15% que entrarían en vigencia desde setiembre.

Todo esto ocurre pese a no contar con el OK oficial necesario, por lo que las entidades ya pidieron a la Superintendencia de Salud que les aplique sanciones económicas y las obligue a refacturar importes.

Lo fundamentan en la infracción cometida en virtud de la Ley N° 26.682, de diciembre de 2011. Según un sondeo informal de Padec (Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor), un 50% del mercado ya recurrió o recurre a notificar la decisión de modificar las cuotas mensuales por segunda vez en el año, incluso con la estrategia de que el visto bueno del Gobierno está cerca de emitirse. La última suba fue del 5% en febrero.

Medicus es uno de los casos de prepagas que ya empezó a enviar cartas con el argumento de que "la autorización está en trámite". Los afiliados mendocinos de OSDE reciben por estos días la notificación respectiva: las cuotas sufrirán una actualización del 15,5% a partir de setiembre y del 9,8% desde enero de 2013.

Otros operadores, en cambio, optaron por un compás de espera antes de avanzar. "La empresa no va a aplicar ninguna suba de valores por el momento", confirmó Fernanda Álvarez, responsable local de Omint, que tiene 20 mil clientes activos en la provincia, pendiente de nuevas directivas de la matriz en Buenos Aires. En la misma línea está Swiss Medical, cuyo universo en la provincia es de 40 mil cápitas. Desde la empresa destacaron que "el trámite fue iniciado por las cámaras del sector, pero sin autorización no hay aumento".

Podría decirse que en una posición intermedia se encuentra Medifé. La prepaga nacida en Mendoza y que ya tiene proyección nacional, sólo espera la bandera verde para aplicar la suba; el gerente comercial, Santiago Martos, asume que la última palabra la tiene Comercio Interior y que el visto bueno definitivo de Guillermo Moreno es un hecho. "Sólo esperamos la firma y la orden respectiva de la dirección de la compañía", aseguró.

Como sea, algunas entidades ya solicitaron a la Superintendencia información sobre supuestos pedidos de las firmas. Cabe recordar que la ley impide a las empresas prepagas aplicar aumentos sin previa autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez que las nuevas tarifas son autorizadas por el organismo se deben informar a los clientes con, por lo menos, 30 días de anticipación.

Argumentos invalidados

Un pedido colectivo de distintas asociaciones a nivel nacional ya está en manos de Liliana Korenfeld, responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud:

1) Sanción inmediata a las empresas que enviaron comunicaciones de aumentos en sus tarifas y para que las empresas que ya aumentaron, refacturen lo cobrado indebidamente.

2) Convocatoria del Consejo Permanente de Concertación y la publicación, vía resoluciones, de los aumentos legales en el Boletín Oficial.

Previamente, a mediados de julio, Korenfeld había desautorizado los pretendidos aumentos. "Esa decisión unilateral viola las disposiciones vigentes en la Ley 26.682 de regulación de entidades de Medicina Prepaga y el decreto reglamentario 1993. La Superintendencia no aprobó ningún aumento". No obstante, había admitido que "un mínimo número" de empresas lo solicitaron, en base al impacto de las paritarias salariales del sector salud en 2012.

En respuesta a ese argumento, la Superintendencia señaló que los ajustes de haberes para los hospitales públicos "no fueron aún homologados por el Ministerio de Trabajo" y la negociación salarial con las clínicas y sanatorios privados "todavía no finalizó. En definitiva, algunas entidades de medicina prepaga quieren justificar aumentos a los usuarios sobre la base de acuerdos todavía no conseguidos".

Acciones

Aunque la autoridad que regula a la medicina prepaga no se expide hasta ahora respecto del pedido de las entidades de defensa del consumidor, desde Padec insisten en que los afiliados ya pueden, por escrito, reclamar que cese la aplicación del ajuste y retrotraer los valores.

Según Juan Echaide, del área legal de Padec, "falta que la Superintendencia asuma la competencia como autoridad de aplicación. De todos modos, el afectado puede impugnarlo por escrito bajo apercibimiento de darle intervención en el tema".

Asimismo, existe la vía del resarcimiento amparándose en la figura del "daño directo", cuando el incremento supera el 5%. "Todo menoscabo patrimonial por encima de ese porcentaje constituye daño directo. Pero que un resarcimiento vaya al bolsillo del afiliado dependerá en buena parte de la acción personal, vía amparo", completó Echaide.